Entre el proconsulado y la coordinación administrativa departamental
Por Mario Piriz
Recientemente, según noticias de prensa, el Poder Ejecutivo Nacional está elaborando un proyecto de ley creando la figura del representante del Presidente de la República en cada uno de los 19 departamentos del país. En principio tendría la función de coordinar la gestión de las políticas del Ejecutivo Nacional en el territorio departamental, con el propósito de alcanzar mayor eficiencia y agilidad en su aplicación. Un alto ejecutivo moderno o gerente delegado de la presidencia en los departamentos.
La iniciativa - que reiteramos, según noticias de prensa - ha generado polémica en todos los sectores políticos, y cierto asombro y confusión en la ciudadanía, que desde el llano, observa tratando de explicarse los motivos que llevan al Primer Mandatario a tal iniciativa, aguardando con expectativa en qué terminará todo ello.
Hay que reconocer que no se entiende, que para cumplir simples labores administrativas de coordinación, se tenga que hacer una ley, que en definitiva crearía una nueva superestructura de gobierno, algo así como el Ministerio de Gobierno.
Y a esa nueva estructura, con un estatuto político superior al de los ministerios especializados, habría que inventarle nuevas funciones públicas que justifiquen o equilibren la ecuación costo – beneficio. Precisamente contrario al axioma que dice que “la función crea el órgano”.
Más aún, de seguirse el camino de la ley, se estaría retrocediendo dos mil años, recreando la antigua institución del consulado romano. Entonces, el cónsul, todo un rey, para mantener las riendas del poder sobre todo el territorio imperial, instituyó un afilado sistema arterial, designando, frente al gobierno de cada provincia, un procónsul, verdadero gobernador, que solo respondía a quien lo designaba.
En el caso de Uruguay, estos nuevos funcionarios, no sólo responderán al Presidente de la República, sino que estarían por encima de todo el complejo burocrático del gobierno central con los Ministros incluidos, lo que parece entrar en contradicción con la estructura republicana democrática instaurada por la Carta Magna.
El ciudadano común, de a pié, que no puede entrar en consideraciones jurídicas ni políticas de gabinete, percibe estas iniciativas como un borrón con el codo lo anunciado con bombos y platillos. Por lo menos en tres aspectos a saber: Primero, se anuncia la reducción del Estado mientras, en nombre de la eficiencia, se crean 19 cargos de particular confianza del Primer Mandatario, que a su vez necesitarán crear 19 subestructuras a nivel de cada departamento con sus respectivas infraestructuras edilicias, transporte, secretarías, etc. En definitiva, en vez de reducir, se amplía la burocracia estatal.
Segundo, la estructura ministerial, siendo parte sustancial del Ejecutivo Nacional, tienen su expresión institucional en cada departamento, por lo tanto con el poder suficiente para coordinar entre sí y ejecutar eficientemente el programa de gobierno. Al proponer la creación del delegado presidencial en los departamentos, se está diciendo que toda aquella estructura ministerial, no responde al programa de gobierno votado mayoritariamente sino a cuotas y compromisos electorales.
Tercero, mientras se anunció hasta el cansancio la profesionalización de la función pública sustituyendo la “dedocracia” por el sistema de concurso, se siguen creando cargos de particular confianza, aún en áreas especialmente técnicas como la salud, donde no solamente se mantuvo los que se tenía, sino que se amplió con 18 más. El mensaje es claro: no importa la eficiencia ni la solvencia técnica con tal de aportar el dinero y los votos necesarios para consolidarse en el gobierno.
Más allá de consignar todas estas reflexiones ciudadanas, es interesante subrayar que la sabiduría, según Diógenes, no es solo “consuelo de los viejos” y “adorno a los ricos” sino un patrimonio cultural del pueblo trabajador, con un poder decisivo en los momentos difíciles en que está en juego su existencia.
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