Por Ope Pasquet
Los recientes sucesos derivados de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230 en el año 2008, dejaron muy mal parado al Parlamento y expusieron algunas de sus debilidades ante la opinión pública. Es evidente que, más allá del diferendo entre el senador Sergio Abreu y el Dr. Gonzalo Fernández, fue el propio órgano legislativo el que salió machucado de este triste episodio. Presionadas por el Poder Ejecutivo, que quería adelantar la fecha de entrada en vigencia de la nueva ley de concursos para que el CASMU pudiera acogerse a ella, las Cámaras del 2008 sancionaron un proyecto de ley en pocos días y sin estudio. Los legisladores no sabían qué efectos podían llegar a tener las disposiciones que estaban votando. Las dudas que sólo el diputado Dr. Lorenzo planteó, se dieron por disipadas tras un cuarto intermedio de cinco minutos y una consulta telefónica. Los resultados de esta manera de legislar están a la vista y constituyen un verdadero escándalo público.
Otras leyes impulsadas contra viento y marea por el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, son otros ejemplos de cómo no se debe legislar.
En materia de descentralización territorial, por ejemplo, se sancionaron en pocos meses cinco leyes, de las cuales las cuatro últimas procuraron corregir los errores o colmar las lagunas de la primera. Aún después de tantas enmiendas, la “ley madre” fue impugnada por inconstitucional y el 60% de los montevideanos no quiso votar para elegir alcaldes.
En cuanto a la ley que estableció el “nuevo proceso laboral”, es bien sabido que la Suprema Corte de Justicia ya declaró inconstitucionales varias de sus disposiciones, que centenares de demandas de inconstitucionalidad esperan para ser resueltas por dicho órgano y que en el Parlamento se han presentado ya varios proyectos de ley para corregir los errores que, por su evidente carácter de tales, nunca debieron cometerse.
Tantos desatinos graves, cometidos en poco tiempo, se deben en buena medida a circunstancias políticas –el afán del Frente Amplio por concretar logros que pudieran exhibirse en la campaña electoral del año pasado-, pero también a la debilidad institucional del Parlamento uruguayo. Si se analiza más allá de lo superficial y cosmético, debe admitirse que se sigue legislando más o menos como se hacía en 1925, cuando se inauguró el Palacio Legislativo.
Veamos algunas de las carencias más notorias.
El Parlamento carece de un cuerpo de asesores en materia jurídica, dotado de las características necesarias para incidir oportuna y eficazmente en el trámite legislativo, de manera de evitar por lo menos las inconstitucionalidades más gruesas..
No se cuenta tampoco con expertos en el uso del idioma, capaces de pulir las palabras de la ley y evitar la espantosa redacción de algunos textos y los errores sintácticos de otros. Que nadie crea que esto es algo así como un adorno, un lujo del que pudiera prescindirse. Las leyes mal redactadas generan problemas, demoras, juicios y gastos. Se escribe cada vez peor, y el Parlamento carece de profesionales que apoyen la tarea legislativa en este aspecto tan delicado e importante.
El Poder Ejecutivo enviará al Legislativo, en los próximos días, el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. A diferencia de muchos otros órganos legislativos de nuestra región (no hablemos de los Estados Unidos ni de Europa), el Parlamento uruguayo carece de una oficina propia que lo asesore en la materia presupuestal; para controlar al Poder Ejecutivo, necesita de la información y el asesoramiento que el propio Poder Ejecutivo le brinde... Y después de sancionada la ley, no tiene tampoco medios propios para controlar su ejecución. Sin apoyo técnico, el control político corre el riesgo de perder contenido y rigor. Así se le facilitan indebidamente las cosas al Poder Administrador –la falta de controles no le hace bien a nadie- y se compromete el prestigio de la institución parlamentaria ante la opinión pública.
Y para terminar por hoy, señalemos que en nuestro Parlamento las leyes se siguen votando a mano alzada, como votaban los constituyentes de 1830. En la República de El Salvador y en muchos otros países de América, en cambio (para no compararnos con Gran Bretaña, ni con Alemania), se utiliza un dispositivo electrónico, que no sólo permite saber con absoluta precisión, en unos pocos segundos, el resultado de una votación, sino que además –y esto es lo fundamental- permite saber en todos los casos quiénes estaban en Sala en el momento de la votación y cómo votó cada legislador, de manera que los ciudadanos puedan conocer y juzgar el desempeño de sus representantes.
Hace algunos años, nuestro Parlamento acordó con el BID la ejecución de un proyecto de modernización y fortalecimiento institucional del que se cumplieron sólo las etapas preliminares. Luego, por razones que desconozco, el impulso renovador se detuvo.
Siento que los legisladores de hoy tenemos el deber de abandonar la comodidad de las viejas rutinas, y hacer un esfuerzo serio para poner a nuestro Parlamento a tono con los tiempos.
Otro papelón como el del famoso artículo 76, y los mismos ciudadanos que ayer nomás nos votaron, comenzarán a reclamar “que se vayan todos”.
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