Ha tomado estado público que el gremio que agrupa a los obreros y empleados municipales (ADEOM) de Montevideo, ha salido en defensa de los inspectores de tránsito que son objeto de sumario administrativo por su participación en el atípico procedimiento administrativo que fuera filmado por una contribuyente, la que a la postre resultó multada.
Nuevamente, predomina el mal entendido espíritu corporativo, por sobre los intereses de toda una sociedad que debe regirse por el imperio de las normas jurídicas establecidas en el Derecho vigente. Sociedad, que debiera sentirse respaldada por funcionarios públicos que sean los primeros en acatar las normas que ellos tienen el deber de fiscalizar.
Por ello, llama la atención, que datos personales que constituyen información “reservada” sobre la situación de la denunciante, (y a la que pueden tener acceso determinados funcionarios en razón de su jerarquía y en el desempeño de funciones que las normas les atribuyen) como la circunstancia de, si es o no deudora de tributos en otro departamento o, si es o no sujeto pasivo de algún proceso judicial, se ventilen alegremente con la evidente finalidad de “tachar” o negar credibilidad, a quien tuvo la valentía de formular la denuncia que motivara la reacción pública que se ha generado.
Se intenta por el gremio, poner como “víctimas” a los sumariados, cuando ha sido su incorrecto proceder el que, al quedar en evidencia, ha causado un daño difícil de cuantificar, no sólo entre sus propios compañeros de trabajo, sino más grave aún, a la propia condición de funcionarios públicos, que debieran enaltecer.
Resulta por ello inaceptable la difusión de datos personales que entendemos deben permanecer custodiados por las autoridades públicas (en este caso, las municipales) y tal vez, ésta circunstancia en sí misma, debiera ser objeto de una investigación administrativa, cuyas consecuencias son imprevisibles, pero cuyos resultados debieran ser puestos en conocimiento de la ciudadanía y en especial, de quienes contribuimos con el pago de nuestros impuestos a cubrir el presupuesto municipal.
Mala señal se ofrece cuando en vez de corregir el procedimiento objeto de denuncia, se busca investigar y descalificar al denunciante. Muy mala señal se demuestra, cuando tibiamente se califican de “infelices” afirmaciones que son de una gravedad a todas luces, evidente. Poco importa si el video que tomó estado público fue “editado”, lo lamentable es que sus protagonistas dieron lugar al mismo y que la situación de indebida presión, existió.
¿Hasta cuándo se buscará la culpa en los otros?
¿Toda defensa es válida cuándo el agredido es uno de nuestra corporación?
¿Dónde quedaron los derechos de todos los demás funcionarios públicos municipales, afiliados o no a ADEOM, como consecuencia de la defensa a ultranza de un abuso de autoridad que de no haber sido filmado, hubiera permanecido en penumbras? ¿Por qué razón no se reconoce la falta cometida y se busca la manera de corregir el proceder hacia el futuro? ¿No se advierte que este tipo de conductas nos conduce inevitable y paulatinamente, a una pérdida del Estado de Derecho?
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