Conclusiones finales del Congreso Ideológico del Partido Colorado.

¡Viva el Batllismo! El pasado sábado 16 se realizó la sesión final del Congreso Ideológico. La misma, de fundamental importancia pues fue la aprobación final de los documentos presentados constituyó, con mucho brillo, nada más que el cierre del verdadero trabajo de elaboración, discusión y participación en las ocho Secretarías Técnicas, llevado a cabo a lo largo de todo un año y en todo el país. Fue una jornada magnifica con la participación de congresales desde Montevideo, Rivera y Salto y de donde emergieron ocho documentos con profundos conceptos, los que iremos difundiendo y comentando en las próximas semanas. Reafirmamos los principios batllistas básicos del Partido, en los conceptos de libertad, republicanismo, rol del estado y desarrollo con equidad y justicia social. Así como también la inserción de Uruguay en el mundo. El desarrollo y la defensa de la educación publica, directamente ligada a la laicidad como valor básico en riesgo. Transcribimos textualmente la proclama final del CIPC: "Los colorados y Batllistas debemos poner en marcha un nuevo proyecto nacional, que corrija los desajustes de estos últimos años, que nos reúna a todos con lo mejor de nuestra historia y nos lance hacia el porvenir, con la convicción de que tenemos un futuro cierto como pueblo libre y soberano. En tal sentido: Ratificamos nuestra condición de abanderados de la democracia tanto política, como cívica y social; del humanismo, enemigo de la pena de muerte y protector de los más débiles y desvalidos; de los derechos de los trabajadores y de las mujeres; de la educación para todos y a todos los niveles; de la laicidad; de la libertad en su más amplia expresión; de la privacidad de las personas y de las familias, así como referente del republicanismo, que cobra con Don José Batlle y Ordóñez y con el Batllismo, un enorme impulso. El tradicional eje Batllista de inclusión social, que comprende los conceptos de educación, empleo, ciudadanía no ha sido superado por otro modelo de intervención social, y menos por los actuales planes de asistencialismo. Nuestro norte es y será siempre la justicia social, la que exige un proyecto deliberado y consciente, que debe apoyarse en una amplia participación y encontrar en el Estado la herramienta imprescindible en tal gestión, siendo a la vez un garante de la defensa de los intereses ciudadanos. Reivindicamos nuestro objetivo permanente e histórico por la disminución de las desigualdades y la eliminación de la pobreza, erradicando la exclusión y logrando una sociedad más justa e inclusiva, promoviendo la movilidad social ascendente, donde mediante el trabajo y el esfuerzo de cada uno se tenga la posibilidad de lograr la realización personal en base al mérito propio y no en base a la adhesión a un determinado sector o partido político, o a la dádiva o favor interesado del Estado. Ratificamos nuestro apego a la ética de la responsabilidad. Ética que nos manda, asentados en nuestros principios y valores desarrollados a través de una rica historia de más de 175 años de participación en la vida de la República, atender siempre las consecuencias previsibles e inevitables de nuestras conductas. Ética que nos obliga no solo a valorar la justicia de nuestros fines, sino también la coherencia de los medios utilizados con tales fines. Nuestro compromiso es ser portadores de un proyecto social, que represente sin exclusiones a todo el país. Confirmamos a la educación como la herramienta fundamental para la generación de oportunidades, brindando una formación de calidad, pertinente y para toda la vida. Se debe educar para la revalorización permanente de la democracia, de la libertad, de la justicia, de la necesaria recuperación de la cultura del trabajo, de la cultura emprendedora, de la superación a través del esfuerzo personal, del apego a la ética, a la cultura cívica, al conocimiento de las nuevas tecnologías, a la no discriminación, a la defensa de los derechos humanos, al respeto por el medio ambiente, propiciando el compromiso, la solidaridad, la responsabilidad y el ejercicio de los derechos pero también el cumplimiento de los deberes en el marco de un Estado de Derecho plenamente vigente. Hoy nos rebelamos ante las situaciones de injusticia que la educación genera e incrementa en muchos casos, con políticas no conducentes al cumplimiento de sus fines básicos e imprescindibles, todo lo que se refleja en penosos resultados educativos y con una cada vez mayor exclusión y expulsión en su seno. Valoramos especialmente el derecho a vivir en paz, sin violencias ni autoritarismos, en un sistema social solidario y participativo en donde la seguridad pública sea un patrimonio nacional que permita el ejercicio efectivo de la libertad, columna vertebral de nuestra identidad nacional. La violencia y el miedo no permiten vivir con libertad. La seguridad pública es visualizada como la primera de las libertades, por cuanto ella vela y garantiza el ejercicio pleno de las demás libertades. Un Estado que no garantice la seguridad, difícilmente podrá garantizar ninguna de las otras libertades, por lo que la seguridad ciudadana es un derecho humano que hay que proteger. El centro de atención debe ser: las personas víctimas de la delincuencia; el rescate de los valores; el respeto y aplicación de la autoridad dentro de la ley; el apego por la ley en el estado de derecho; distinguiendo el bien del mal; señales claras hacia la delincuencia con la aplicación de la normativa correspondiente; el rescate del sentido de la autoridad en las fuerzas de seguridad; preservar el control de los espacios públicos y asegurar que no haya territorios inaccesibles para la autoridad policial, entre otros aspectos. Defendemos el derecho a la salud en su dimensión de completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad, lo que conlleva a la construcción de un sistema nacional que atienda efectivamente las necesidades de todos. Propiciamos el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de calidad con ingreso digno, y sobre todo la creación de trabajo genuino, fuertemente sustentables más allá de los vaivenes económicos a que estamos expuestos como nación, el derecho a una vivienda adecuada y accesible, el derecho a acceder a un sistema nacional de seguridad social universal, eficiente y justo, el derecho a una óptima calidad de vida como objetivo central del proceso de desarrollo económico y social, el derecho al acceso y participación en el desarrollo de la cultura nacional en todas sus manifestaciones. Resaltamos la necesidad de transformar al Estado con el único propósito de devolver a los ciudadanos el control de sus destinos, buscando la inclusión de aquellos más marginales de la sociedad y con menores recursos, provocando un verdadero paradigma de cambios que habiliten al relanzamiento de un Estado moderno al servicio de la gente, a la vez de que se fortalezca como herramienta fundamental para desarrollar los cambios y las transformaciones que se estimen pertinente realizar en el país. A su vez, ese Estado moderno debe elaborar y ejecutar políticas que facilitan el desenvolvimiento de las empresas en los mercados para lograr el crecimiento económico y la generación de riqueza y que asuma a las políticas sociales como centro temático del compromiso público. Hoy como siempre: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Propiciamos una verdadera República de ciudadanos, la que no se obtiene por la mera repetición de un sistema de valores que debería ser común a todos, no se alcanza con sólo la legitimidad procesal de las instituciones y, por supuesto, no se logra por el simple recurso de la fuerza. Es el resultado de la compleja interdependencia de cuestiones políticas, económicas y sociales que en el marco de la institucionalidad y de la ley, configuran la dosis exacta de estímulo y presión para el pleno desarrollo de una ciudadanía celosa de sus derechos y comprometida con sus responsabilidades. Enfatizamos la necesidad de fortalecer el relacionamiento con la sociedad civil. Numerosos actores, sindicatos, organizaciones empresariales y ONGs, han ganado terreno y sus funciones, influencia, pensamiento y acción no pueden dejarse de lado. Las transformaciones sociales que el avance tecnológico trajo, complejizaron la trama social y hay que responder con una postura clara, filosófica y no ad – hoc. Ello implica que rechazamos plenamente el avance del corporativismo y de todo poder fáctico sobre las instituciones republicanas, particularmente en la integración de entidades de conducción de órganos de gobierno, que actúan en defensa de intereses particulares en lugar de actuar en defensa del interés general, asumiendo competencias que no les corresponden y recortando, en consecuencia, los derechos de la ciudadanía a decidir soberanamente sobre todos los asuntos públicos. Fortalecimiento de nuestra identidad nacional estableciendo una estrategia general y efectiva de Política Exterior para el Uruguay, que permita defender con fundamento, autoridad y presencia nacional suficiente, los altos intereses del país en el complejo y competitivo contexto regional e internacional. Ratificamos que la política exterior que el Partido Colorado debe impulsar se traducirá en acciones destinadas a exteriorizar la voluntad nacional de continuar viviendo como país, respondiendo al mandato de la historia, con cultura propia e instituciones democráticas, reivindicando la libertad de actuar independientemente con la mira puesta en integrarnos al mundo defendiendo el trabajo y el interés nacional de los uruguayos. “Con nuestras ideas y para nuestras ideas, pues, seguiremos siempre luchando, en nombre de las convicciones propias y del interés nacional.” (Frase extraída de uno de los editoriales de “EL DIA” del jueves 7 de septiembre de 1916)