Alianza entre monopolio estatal y el oligopolio privado perjudicará al ciudadano

Manuel FLORES SILVA Senador 1985/90. Ex Director del semanario Jaque y de la revista Posdata El tema de las telecomunicaciones puede ser abordado desde diferentes perspectivas ideológicas. En efecto, los socialistas tienen su punto de vista, los nacionalistas igual. Nosotros lo abordaremos desde un punto de vista republicano. Un abordaje republicano ¿Qué quiere decir hablar desde un sistema de ideas republicano? Un republicano sabe que allí donde hay una concentración o un abuso de poder ello significará que en algún otro lugar de la sociedad faltará poder. En el juego de la sociedad cuando hay privilegios en un lado faltan derechos en otro. La República no es más que un mecanismo institucional de distribución garantista del poder en la sociedad para que todos los ciudadanos tengan acceso a los derechos y bienes que constituyen el producto social. Así como la democracia es un sistema de representación popular y como el liberalismo político es una filosofía de tolerancia de las opiniones ajenas -es decir la superación en la filosofía política descalificante propia de un esquema de “buenos” y “malos”- el republicanismo es un sistema de que sabe que todo poder debe estar fiscalizado, controlado, que sus límites tienen que estar claros, de modo de contener la tendencia que tiene todo poder por sí mismo - público o privado- a incrementarse. El acceso de todos a derechos y bienes suele estar cifrado en que se logre sujetar al exceso de poder. Consecuentemente cuando el exceso de poder gana, sea público o privado, los ciudadanos más vulnerables suelen perder derechos y accesos a bienes. Desde el punto de vista republicano en cuanto a las telecomunicaciones estatales a un republicano le preocuparán temas como que el monopolio estatal del acceso a Internet rápido (banda ancha) produzca precios altos y velocidades bajas, es decir se dificulte el acceso de los ciudadanos a ese bien. El Poder Ejecutivo ha enviado recientemente al Parlamento un proyecto de ley que convalida el monopolio hoy ejercido de hecho. Desde el punto de vista republicano en cuanto a las telecomunicaciones privadas a un republicano le preocuparán temas como que la entrega de los canales cable al oligopolio de la televisión abierta le haya costado a los ciudadanos durante bastante tiempo canales cable más caros y oferta más restringida que en otro países de la región. O que ahora el nuevo avance de la tecnología –la televisión digital- se utilice para fortalecer el actual oligopolio y no para abrir la cancha a la competencia. Así lo determinará el decreto que el Presidente Mujica acaba de aprobar sobre el punto. Estas cosas afectan directamente el acceso a las telecomunicaciones de los ciudadanos. Por ejemplo, para tomar un tema relativamente menor pero ejemplificante, cuando las tandas son más largas que lo permitido, alguien gana (el productor de las señales) y alguien pierde (el ciudadano). Las regulaciones deben proteger principalmente al ciudadano en la calidad del servicio que recibe y en el costo del mismo. El republicanismo busca mediante las regulaciones que el productor gane dinero en la medida de lo que corresponde a una inversión y a una tarea determinadas. Pero en el momento en que esa ganancia se torna excesiva (o los costos de producción se bajan afectando la calidad de la oferta) se está perjudicando directamente el acceso de los ciudadanos a un importante bien. El modo en que se fija mejor el punto de equilibrio para que las dos partes se beneficien (emisor y receptor de un bien) es la competencia. La competencia regulada, para que sea cierta. Las regulaciones deben cuidar que la competencia sea real y no opaca. El republicanismo concibe todo su imaginario institucional como de construcción de equilibrios. Para empezar entre los poderes públicos. Y luego respecto de los servicios públicos a los que el Estado debe exigir calidad y tarifas accesibles. La nueva tecnología al servicio de un monopolio estatal y de un oligopolio privado. Por un lado está ANTEL que busca el monopolio de la banda ancha (entre otros productos, el Internet de alta velocidad). Por otro lado está el oligopolio de los canales abiertos y cable de Montevideo que aspira a dos objetivos: mantener su dominio televisivo ahora mediante la televisión digital y vender Internet a través del tendido de cable que posee. Sostendremos en lo que resta de la nota que el actual gobierno lleva las telecomunicaciones (el Internet, la televisión abierta, los teléfonos celulares) a ser un campo donde el ciudadano pagará por lo menos dos ineficiencias graves. Por un lado, el monopolio de Internet de alta velocidad por parte de ANTEL (banda ancha terrestre de fibra óptica y banda ancha móvil aérea) y por otro lado el oligopolio de la televisión digital. Seremos más claros en la explicación de cómo el gobierno puede ejercer presión sobre los canales privados. Como los principales demandantes privados para operar Internet son los propietarios de los canales cable (a través de cuyo tendido aspiran a vender Internet) y estos son los mismos propietarios de los canales privados de televisión abierta montevideana, lo que el gobierno hace es no abrir la televisión abierta digital a otros actores comunicacionales importantes -lo que beneficia a los mencionados canales- a cambio de no darle participación a ellos en la provisión de Internet a los hogares. Incluso elimina ilegalmente a un competidor de los monopolistas del cable: grupo Clarín. Dicho de otra manera, si los canales privados demandan demasiado el vender Internet –si cuestionan mucho el monopolio de ANTEL en banda ancha- entonces ponen en peligro su oligopolio en la televisión digital, pues el gobierno puede resolver darle una frecuencia de televisión digital a otros privados, incorporar nuevos canales comerciales a la oferta de televisión abierta digital, repartir entre más actores la “torta publicitaria”. La tecnología digital permitiría dar decenas de permisos para televisión abierta digital. El problema es que, además, aunque no se otorguen frecuencias de televisión abierta digital a nuevos actores, la propia ANTEL, con su monopolio de banda ancha puede ofrecer contenidos televisivos de todo tipo, cable por ejemplo, y va a ser el único que puede ofrecer el servicio triple de televisión- teléfono-Internet de alta velocidad en el mismo contrato, servicio denominado Triple Play. Todo lo cual dificulta el acuerdo entre estos poderosos actores monopólicos y oligopólicos. El problema para el ciudadano es que, finalmente, estos siempre se ponen de acuerdo. ¿Cuál es el resultado de esta política del gobierno? El ciudadano pagará un Internet de alta velocidad caro por estar fuera de un campo de competencia (monopolio de ANTEL) y el ciudadano verá restringida su oferta de televisión digital a los operadores actuales (oligopolio de los tres canales privados). Reglas de juego más atentas al más barato acceso a la banda ancha (sin monopolio de ANTEL) y más atentas a una mejor oferta televisiva (sin oligopolio de los canales privados) serían necesarias para que el ciudadano no pague en tarifas y calidades de la oferta un doble costo “monopolio + oligopolio”. Hoy, pues, falta república que defienda los intereses ciudadanos. La banda ancha La transmisión de grandes cantidades de datos necesarios para las nuevas tecnologías de video, de Internet, de celulares se hace a través de la llamada banda ancha. La banda ancha terrestre suele equipararse al tendido de fibra óptica. La llamada banda ancha móvil, a su vez, se transmite en las frecuencias que están en el aire. Preferentemente en el espacio de radiofrecuencia que deja libre la televisión analógica al pasarse ésta a digital, pues la televisión digital ocupa menos espacio en el espectro de radiofrecuencia pese a ser mucho más precisa. Entonces la banda ancha que hace posible el Internet de alta velocidad es un botín por todos apreciado. ANTEL quiere tener la banda ancha en monopolio y también quiere una parte el oligopolio de los canales privados de televisión abierta que tienen tendido de cable a los hogares La propuesta que maneja el Directorio de ANTEL, el sindicato Sutel, el gobierno y el partido de gobierno es que opere un monopolio real y legal de ANTEL, un monopolio en todo lo que sea Internet de alta velocidad. Para lo cual simplemente no permiten a nadie tender fibra óptica para comercializar y tampoco vender Internet por el cable coaxial que han tendido todos los operadores de cable del país. Un monopolio único en la región, salvo Cuba. Y respecto a la banda ancha por aire, las frecuencias que quedan libres para eso serán subastadas, pero ANTEL se reserva para sí las mejores, de modo que se duda que el empleo de las que se pretenden subastar tenga condiciones competitivas o sean viables. Ese es el plan del gobierno. Cede a la ineficiencia de los poderes fácticos a cambio de lograr imponer su propia ineficiencia. Este monopolio presenta problemas graves para el ciudadano: el llamado costo monopólico que deberá pagar. Todo monopolio tiene un costo en exceso de precio y en calidad de servicio, puesto que hay un solo oferente. Se denomina renta monopólica (que se la lleva el oferente único) y sustituye a la renta social (que sería el caso que la misma renta excesiva se la llevaran los muchos demandantes del servicio). Es decir perjudica a los ciudadanos. Los intereses de la república, del acceso de los ciudadanos a sus bienes y derechos, tienen que estar por encima de los intereses del Estado. Sí, primero los ciudadanos, primero la república y luego el Estado. Por otro lado, siempre desde una sensibilidad republicana, debe observarse que el monopolio del Internet de alta velocidad pone en riesgo la libertad de información pues quién maneje la fibra óptica y la banda ancha móvil tendrá por un lado toda la información sobre los ciudadanos y por otro lado la capacidad de emitir contenidos desde su visión política. Lo que deriva en una incursión del Gobierno en los contenidos de manera de ampliar el sistema bastante estalinista de difusión pública que hoy se cumple a través de Canal 5 y de TV Ciudad. Le puede poner el fútbol, por ejemplo, cómo ha hecho el gobierno en Argentina. Bueno, claro, hay que aliarse para eso con el “Paco” –para ello lo sacarán del cable y le darán televisión abierta- y desprenderse del molesto Ministro Lescano Por otro lado, la solución no puede ser, tampoco, la que solo mire el ángulo de los actuales operadores privados montevideanos. La contrapropuesta al monopolio no puede ser el oligopolio (que también perjudica a los demandantes de un servicio pues al haber oferta restringida, los pocos oferentes acuerdan quedarse con una renta oligopólica). No puede ser que los mismos operadores privados que usufructúan de los canales abiertos, ahora digitales, y los canales cable, sean los distribuidores de servicios de datos por Internet. Ello los convertiría en jugadores demasiado poderosos. En ningún país del mundo desarrollado se deja a actores privados usufructuar de tal poder. En realidad, en ese caso se trataría no sólo de darle participación a privados (para competir) sino principalmente de fortalecer al oligopolio de los canales privados de televisión montevideana (para no competir). Estos se han convertido en un actor decisivo de la política nacional. El manejo de tarifas durante las campañas electorales, el manejo permanente y sesgado del minutaje político de los informativos, los ha convertido en el principal sponsor económico de cualquier actividad política, según observara hace muchos años, incluso, el Dr. Sanguinetti. Sponsor arbitrario, claro. El Estado les da gratuitamente las ondas, luego los canales le cobran las campañas políticas a la democracia facturando millones de dólares a los partidos políticos (eso no ocurre en otros países que representan más del 70% de Hispanoamérica –España, México, Brasil, Argentina- donde la publicidad televisiva es gratuita y está prohibido comprar minutos y pasar propaganda política audiovisual fuera de esa gratuidad). Pero, además de cobrarle a la democracia, dado que somos el único país de Latinoamérica cuyos principales avisadores televisivos son las empresas del Estado, en realidad se genera una relación incestuosa entre los gobiernos y el oligopolio televisivo, fácilmente constatable en el abultado minutaje que el partido de gobierno tiene en los noticieros. Esa intervención del gobierno en la política de los canales pudo verse con claridad cuando hace unos meses el Presidente Mujica reunió a todos lo Presidentes de empresas públicas, según fue público, para que se le redujera publicidad oficial a los canales que informaran demasiado sobre inseguridad. De república, nada. Darle poder al oligopolio, pues, no significa en realidad dárselo a un actor comunicacional sino a un actor político decisivo. Excluyo de esta ecuación a los canales del interior que, para empezar, no reciben publicidad oficial prácticamente. De manera que la política pública republicana que corresponde no debe darle el Internet de alta velocidad (banda ancha terrestre o aérea) al monopolio de ANTEL -ni a ANTEL solo en competencia con el oligopolio de los canales cable montevideano- sino que deberían participar otros actores en la comercialización de banda ancha, como las empresas de telefonía celular y otros a los que se le autorice desde tender cable hasta vender Internet móvil de alta velocidad. La TV digital Esta nueva tecnología no solo mejora la calidad de la señal televisiva sino que permite aumentar en mucho la concesión de ondas. Hasta 10 veces más que ahora. Parece claro, sin embargo, que el gobierno se dispone a fortalecer el statu quo. Otorgándole más fuerza a los que ya tienen señale y no a otros: Canal 5, TV Ciudad, VTV (Grupo Casal), Montecarlo, Saeta y Canal 12 (no se cuenta, en este esquema de análisis, la concesión de canales a operadores no comerciales, central obrera, Universidad, actores comunitarios, todos aquellos que no participan de la “torta comercial” o de niveles altos de audiencia). La fórmula de la televisión digital es, pues, stalinismo + Paco + oligopolio. El ciudadano totalmente desprotegido. En cuanto al asunto de los contenidos abordado desde una sensibilidad republicana, se puede observar por un lado que el fortalecimiento de los canales estatales remite a un problema. Las últimas dos administraciones han convertido los canales del Estado en canales del Gobierno, restringiendo el pluralismo como derecho ciudadano. Se han convertido en meros instrumentos de propaganda ideológica, de tal manera que, por ejemplo, durante períodos no informan sobre problemas de inseguridad. A su vez los canales privados montevideanos se han convertido, en la mayor parte de su facturación relevante, en retransmisoras de la televisión argentina. El proceso de argentinización de la televisión ha supuesto que el principal constructor de imaginario popular, la televisión abierta, trasmite un mensaje contravalórico. Durante horas por día la televisión argentino-uruguaya no trasmite un solo valor positivo sino que forma a los jóvenes en una Maestría de disvalores, chismes y cotilleo. Los canales hacen dinero pero nuestros jóvenes son posgraduados en los beneficios del vale todo argentino, de la prostitución, de la droga, del todo vale y la traición para llegar al objetivo. Una política pública republicana respecto a la televisión abierta debe tener en cuenta que la televisión pública sea estatal y no gubernista, siguiendo el modelo europeo de administración de la televisión pública por Comisiones independientes y autónomas de los gobiernos. Ello precisa legislación. Asimismo, que la televisión pública abierta conceda espacios a concursos de ideas y de producción audiovisual. Licitar espacios en horarios prefijados, como se ha hecho con éxito en el mundo y se ha sostenido en Uruguay. Y respecto a la televisión abierta privada, ella tiene que estar regulada, por ejemplo, en la duración de sus espacios comerciales. Y, como muchos servicios públicos, tendrían que eventualmente pagar un canon. Son empresas de servicios públicos no meramente empresas. Para lo cual URSEC tiene que ser fortalecida en sus capacidades y no debilitada, como lo ha sido por la presente administración. Ursec tiene que ser más fuerte que ANTEL y no al revés. El regulador, obviamente, tiene que tener más poder que el regulado. ANTEL hoy sustituye a URSEC y es juez y parte. Cuando en América Latina se privatizaron empresas públicas sin la previa fortaleza de las unidades reguladoras que fomentaran una competencia que favoreciera a los ciudadanos –así como que garanticen tarifas y calidades acordes al acceso ciudadano- las privatizaciones terminaron en un desastre. Chile lo hizo con unidades reguladoras fuertes y eso devino en desarrollo. La evolución tecnológica, desde la invención de la rueda en más, tiende a liberar al hombre, salvo que se la ponga al servicio del sistema establecido de privilegios (el “establishment”), en cuyo caso sojuzga. Sojuzgados, entonces, seremos los ciudadanos. Por un gobierno que se sentaría a la derecha en los bancos de la Asamblea de la revolución francesa, sin lugar a dudas. En defensa de corporativismos privados y públicos. Ambos, enemigos de la idea misma de república.