Hace mucho tiempo, cuando yo era
niño, existía un juego infantil llamado el "gran bonete" que
consistía en transferirle la prenda a un tercero, evitando asumir la sanción
propia. El "gran bonete" era "un anónimo" a quien todos los
participantes trataban de endilgarle el costo de la prenda final.
La forma en que el Ministerio del
Interior y los jerarcas encargados de las cárceles intentaron explicar lo
ocurrido me hizo acordar a aquel juego infantil. Cada uno de los responsables
políticos del asunto han intentado transferir su responsabilidad a terceros en
forma irresponsable e inaceptable.
Solo la salida de último momento del
Presidente de la República, asumiendo al menos la responsabilidad de no haber
instrumentado la participación militar en el control del ingreso a las cárceles
evitó que esta gravísima sucesión de episodios estuviera caracterizada por la
ausencia total de responsabilidad de parte de quienes están políticamente
encargados de este asunto.
En efecto, desde que estallaron los
motines, a consecuencia de la inaudita situación de que un preso mató a un
policía dentro de la cárcel, la única respuesta de las jerarquías del
Ministerio del Interior ha sido la de transferir la culpa a terceros.
Es así que el Insp. Pereira Cuadras
acusó primero a los "narcos" (seguramente implicados en los motines)
y luego "al barrer" acusó a los dirigentes políticos de oposición de
estar implicados en estos acontecimientos. Gravísima imputación que, transcurridos
cinco días, lejos de probar, lo ha hundido en sus propias acusaciones.
El lunes pasado, finalmente, el
Ministro del Interior brindó una conferencia de prensa y, sorprendentemente,
optó por intentar responsabilizar de estos hechos a la decisión de una jueza y
la supuesta demora del Comisionado Parlamentario, Dr. Alvaro Garcé.
Entonces, la responsabilidad de
estos resultados desastrosos ha sido, sucesivamente, de los narcos, de los
políticos de la oposición, de los jueces y del Comisionado Parlamentario. Muy
fuerte y, sin duda, inaceptable.
Nadie puede discutir que la
problemática de las cárceles es un viejo y creciente problema que se viene
gestando e incrementando desde hace mucho tiempo. Nadie puede dejar de
reconocer que desde hace mucho tiempo el Estado está en falta en su capacidad
de dar una respuesta adecuada a la situación de las personas
institucionalizadas, no solo en las cárceles, sino también en los hospitales
psiquiátricos y en los establecimientos de reclusión de los menores
infractores.
Pero tampoco se pueden obviar las
responsabilidades concretas frente a los hechos específicos que acaban de
ocurrir. Lo cierto es que las autoridades actuales no tuvieron la capacidad de
hacerse obedecer y de responder con éxito ante una situación de desquicio
creciente.
No hay que olvidar que la Presidenta
de uno de los sindicatos policiales reconoció la semana pasada, como un hecho
corriente, que los presos estén armados dentro de las cárceles, y no con
"puntas" u otras armas construidas por ellos mismos, sino con armas
de fuego que ingresan a los establecimientos carcelarios de manera impune. Como
prueba de ello, recordemos que el año pasado un recluso mató a otro a tiros
después de perseguirlo dentro del COMCAR saltando varias azoteas de distintos
edificios de los módulos carcelarios y ante "la vista y paciencia" de
la guardia policial.
Estamos muy mal. Un país que, por un
lado, exhibe los resultados económicos y el crecimiento que Uruguay muestra
desde hace ocho años, con recursos públicos crecientes; por otro lado presenta
una rotunda y dramática incapacidad para resolver problemas endémicos referidos
a "heridas profundas" de nuestra realidad social.
Es demasiado. No ha existido
capacidad para reparar las escuelas y liceos a tiempo para el comienzo de las
clases teniendo todos los recursos disponibles para ello; no se posee la
capacidad de controlar a la población carcelaria que, como se ha reconocido
públicamente, además de estar armada, controla y administra la comercialización
de la "pasta base" desde adentro de las cárceles; tampoco ha tenido
capacidad de controlar que dos enfermeros durante un tiempo, todavía imposible
de determinar, hayan asesinado pacientes impunemente en instituciones de
atención de la salud.
La sensación de desgobierno comienza
a extenderse peligrosamente.
Estas paradojas deben ser asumidas
con responsabilidad y seriedad. Lo peor que se puede hacer es jugar al
"gran bonete", transfiriéndole la responsabilidad y la culpa a
terceros. Todos tenemos que aportar a la búsqueda de soluciones, pero los que
tienen a su cargo la gestión política son los primeros que deben reconocer sus
propias responsabilidades.
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