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Políticamente incorrecto

Con la misma dedicación y esfuerzo editorial que el que pone todos los días un diario e revista, en los quiscos de las ciudades, titulando para informar y competir, diseñando portadas en base a varias alternativas y diagramando cada página como si fuera la más importante de la publicación, quienes hacemos OPINAR asumimos cada vez que colaboramos con nuestras columnas de opinión, o a través de una investigación periodística para aproximarnos a nuestros ideales profesionales, políticos y colectivos, un paso más hacia los cambios necesarios.

Creemos en eso y no hemos pedido al Estado su participación para hacerlo.

El gobierno ha tenido con los medios de comunicación una política muy definida: las empresas públicas, UTE, ANTEL y ANCAP, algunas Intendencias y el BROU, han servido de soporte para que ciertas actividades se beneficien en perjuicios de otras que son lisa y llanamente desconsideradas.

Como ejemplo tenemos el fútbol: ANTEL es el sponsor no sólo del seleccionado nacional, sino de todos los equipos que participan en la divisional principal; el básquetbol tampoco ha sido ajeno a este privilegio. El carnaval, que durante 40 días defiende los intereses no sólo del Gobierno, sino también del Frente Amplio, viene siendo esponsorizado por las empresas del Estado.

¿Cuánto de nuestras facturas de UTE y ANTEL, por ejemplo, van directamente al consumo efectivo del servicio?

Fuentes de estas empresas que tributan al BPS por aportes patronales menos que el patrón de una industria o de un comercio, están sirviendo a un fin de comunicación institucional que por objetivo tiene el pago de contraprestaciones directas o indirectas vinculadas con la política partidaria. Eso es un hecho.

Se habla mucho de la transparencia en la gestión; se dice que las licitaciones son la base para obtener mejores precios, pero a la hora de publicitar servicios la decisión no es cristalina sino directa y no se funda en ningún criterio técnico, como la circulación, la penetración en específicos nichos de mercado, o la captación de un núcleo de intereses al que es  imposible acceder si no mediante un diario, radio o canal de televisión.

Quizá por eso el litigio UTE/LA REPÚBLICA ha dejado en evidencia la existencia de negociaciones de canje de deudas contra publicidad oficial, lo que de haber sido así, es un disparate comprometedor para los directivos de UTE.

Las empresas públicas tienen una posición dominante en la sociedad uruguaya, casi única, de contenido intransferible y de competencia muy dudosa. Tener que publicitar nombres como UTE o ANTEL es un absurdo, y es bastante improbable que una campaña de información pueda ejecutarse desde una camiseta de fútbol o en la pancarta de una murga.

Hasta ahora el Gobierno de Mujica no ha tenido igualdad social en un tema que mucho ha tenido de políticamente incorrecto.