Fortalecer la Relatoria Especial de Libertad de
Expresion de la CIDH
Diversas organizaciones de la sociedad civil
latinoamericana se han pronunciado contra el intento, propuesto por Ecuador, de
limitar la operatividad de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitando
el fortalecimiento de lo que consideran
“innegables avances democráticos de las últimas décadas” en la que
muchos Estados han fortalecido la defensa del derecho a la libertad de
expresión y de acceso a la información.
En Uruguay, representado por el Centro de Archivos y
Acceso a la Información Pública (CAinfo) solicitó al canciller Luis Almagro
que el país no acompañe en la OEA la serie de recortes a
las competencias y atribuciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otros países, además de
Ecuador, “permitieron que se introdujeran en una propuesta de reforma de la
CIDH que está a estudio de todos los Estados miembros de la OEA”.
El pronunciamiento de las organizaciones de la
sociedad civil es ante la inclusión en
el documento final, aceptada por los Estados Miembros de la OEA, de tres
recomendaciones que afectan directamente a la Relatoría Especial. “Si bien
estas recomendaciones se expresan en términos generales, - informan en un
comunicado - su diseño y contenido puede
conducir a una aplicación que limitaría notablemente su operatividad”.
Sostienen asimismo “que cualquier propuesta
que debilite la función de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión
implica atentar directamente contra las víctimas o potenciales víctimas de los
abusos de autoridad. Es crítico por lo tanto que los Estados garanticen un
funcionamiento no restrictivo”.
Las tres polémicas recomendaciones en cuestión, según
las mismas fuentes, son: “1) Incorporar todos los informes de las Relatorías en
un capítulo único del informe anual de la Comisión (CIDH). La Relatoría
Especial publica un informe anual exhaustivo y específico sobre la situación de
la libertad de expresión en todos los países del hemisferio. De aplicarse, esta
recomendación pondría en riesgo una práctica establecida que contribuye al
mejoramiento de la calidad democrática de los Estados….”.
“2) Asignar recursos adecuados, suficientes y
balanceados a todas sus Relatorías, grupos de trabajo y unidades. Las
Relatorías de la CIDH no cuentan con financiamiento suficiente para un adecuado
funcionamiento. La Relatoría para la Libertad de Expresión tiene capacidad para
gestionar sus propios recursos y ha podido hacerlo de manera eficaz (….) pues
si entendemos que debe existir un sistema de distribución de fondos
“balanceada”, bajo ningún punto de vista, puede constituir dicha recomendación,
una reducción en el financiamiento de esta Relatoría Especial, pues afectaría
radicalmente su operatividad…”.
“3) Establecer un Código de Conducta que regule la
gestión de las Relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe
existir entre dichos mecanismos y los Estados. Desde 2007 existe en el Sistema
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un Código de Conducta para los
relatores, y esta posibilidad también ha sido contemplada en el Reglamento de
la CIDH. Sin embargo, esta recomendación no tiene en cuenta que la Relatoría
Especial se rige por el reglamento y las prácticas de la Comisión, por lo cual
esta propuesta resultaría innecesaria. Adicionalmente, según como está
planteado, las Relatorías podrían estar sujetas a una evaluación indebida por
parte de los Estados….”.
Sin dudas, esas “inocentes” recomendaciones, de
aplicarse, ponen en serio riesgo los inéditos avances alcanzados en América Latina, en materia de tanta
sensibilidad democrática como son la libertad de expresión y acceso a la
información. Según dichas organizaciones, los avances “en la región han
beneficiado a millones de personas y se han logrado gracias al trabajo
constante y riguroso de La Corte, de la CIDH y de su Relatoría Especial”.
Considerando dichos logros, legítimamente, “patrimonio de todos los habitantes
de las Américas”.
El pronunciamiento de las organizaciones de la
sociedad civil latinoamericana incluy una exhortación “a nuestros gobiernos y a
la comunidad en general a respaldar de forma decisiva a la Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión como instrumento de protección de la dignidad, de
la libertad y los derechos las presentes y futuras generaciones en las
Américas”.
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