Tabaré VIERA
El martes pasado, en maratónica sesión de más de doce horas,
la mayoría frenteamplista en el senado aprobó dos proyectos de leyes de
trascendencia para el futuro del país.
A modo de regalo de fin de año nos dejaron con media sanción
a la ley de “Despenalización del aborto” y la aprobación del “Impuesto a la
Concentración de la Tierra”.
Los Senadores de PROBA votamos, con libertad de conciencia,
en forma negativa ambos proyectos e hicimos un profundo análisis de los mismos,
concluyendo rotundamente lo equivocado que está el gobierno frenteamplista.
Fundamos nuestra oposición a la despenalización del aborto en
razones bio-éticas. Existe profusa literatura científica respaldando la
existencia de la vida desde el momento mismo de la concepción. Por lo tanto
nuestra posición es a favor de la vida, en defensa de una vida que no puede
defenderse.
Comprendemos que es un tema complejo, que tiene varias
facetas. Sabemos que los miles de abortos clandestinos que se realizan en
nuestro país son un problema real que tenemos que abordar.
La solución para ello debe venir desde la PREVENCIÓN.
Buscando la forma de prevenir los embarazos no deseados. Allí está la
responsabilidad del estado. Y también apoyando a quienes ante un embarazo
imprevisto entran en la desesperación por diferentes problemas (económicos,
sociales, familiares, etc.) al punto de no pensar en todos los riesgos que la
interrupción voluntaria de la gestación conlleva.
El oficialismo fundó su iniciativa fundamentalmente en defensa de la “libertad de la mujer, la
libertad de decisión sobre su propio cuerpo”.
He aquí el meollo del debate. El dislate del planteo al
contraponer el supuesto derecho a elegir de una mujer embarazada, contra el
derecho a la vida de otro ser, que aunque dentro de sus entrañas, es un ser
vivo y biológicamente otro ser humano, diferente y único. No es de ninguna
manera parte de su cuerpo.
Entonces no podemos de ninguna manera estar de acuerdo con
despenalizar una práctica que ciega la vida de un ser humano, además indefenso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su
artículo tercero establece este derecho como fundamental y el últimamente tan
mentado Pacto de San José de Costa Rica en el artículo cuatro, literal uno dice
literalmente “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y,
en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida
arbitrariamente.”
En el debate quedaron claros además, dos conceptos: la vida
comienza en el momento de la concepción y que supuestamente todos estamos
contra el aborto. No nos parece coeherente aceptar esto y votar a favor de la
legalización y la experiencia en otros países que tomaron este camino muestra que ante la facilidad
legal el número de interrupciones voluntarias de embarazos aumenta. El tiempo
dirá.
Nos opusimos también al llamado Impuesto a la Concentración
de los Inmuebles Rurales (ICIR), por entender que es inoportuno, ineficaz e
inconstitucional
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