Alberto MEDINA MÉNDEZ
Escritor. Periodista
albertomedinamendez@gmail.com
La implementación de un Instituto de
Revisionismo Histórico en Argentina, reinstala, con inusual potencia, un debate
que convive con nosotros desde hace años.
Es que el sistema de educación pública, tan
ciegamente defendido por la totalidad del arco político global, viene
nutriendo, desde hace décadas, un compulsivo esquema de adoctrinamiento que
sigue evolucionado peligrosamente.
Nuestros niños, vienen siendo instruidos en
el sistema escolar de un modo cada vez más burdo, más lineal, menos disimulado.
La idea central del sistema es implantar “sus” paradigmas correctos, para que
eso funcione como un lente a través del cual evaluar lo bueno y lo malo,
Esa ideologizada perspectiva es la que
intenta evitar que los más jóvenes desarrollen un juicio crítico, para que
ellos no tengan que pensar y que solo procesen información previamente
masticada por otros. De hecho manuales, docentes, todo el material disponible y
sugerido, se inscribe en un alineamiento de los hechos que se corresponde con
el discurso único.
En este marco, no sorprende la creación del
nuevo Instituto Estatal en Argentina. Se trata solo de un escalón más, un
peldaño adicional, vulgar y alevoso, que muestra el grado de impunidad de un
sector de la sociedad, que se cree con un extraño derecho concedido por una
circunstancial mayoría electoral, para imponer su visión al resto de sus
conciudadanos.
Después de todo es el formato que vienen
aplicando en muchos aspectos. Ellos entienden a la democracia como un botín,
como un premio para el que gana una elección. Bajo ese precepto, el que logra
la eventual mayoría, obtiene ese derecho de imponer su mirada a los demás.
Aún muchos ciudadanos de nuestros países
siguen creyendo que la democracia es un fin en sí mismo, sin comprender que
solo se trata de un medio, ineficiente
por cierto, aunque el menos imperfecto que hayamos construido, hasta hoy, los
seres humanos para vivir en paz y armonía.
Algunos fundamentalistas de la democracia que
ejercen con profunda vocación de poder su actividad política, han desarrollado
una reinterpretación del concepto, poniendo especial hincapié en la necesidad
de conceder al triunfador, amplios poderes para hacer y deshacer a su gusto.
En realidad los sistemas de gobierno,
cualquiera que sean, acertados o equivocados, con más o menos defectos,
pretenden encontrar mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos individuales, un adecuado esquema de normas tendientes a permitir una
vida repleta de acuerdos, consensos y modos de vida compartidos.
No son sistemas para imponer, para hacer
claudicar al resto, para doblegar con la moral propia a la ajena. La
convivencia supone tolerancia, respeto por la diversidad, vivir y dejar vivir,
y no como siguen pretendiendo algunos, una herramienta para obligar a los
demás, para escarmentar a los que no piensan igual.
Sin embargo, en nuestro país, avanza este
Instituto de Revisionismo Histórico, para reinterpretar lo hasta acá conocido.
Y habrá que decir que el objetivo no es descartable. Después de todo, cualquier
ciudadano o grupo de ellos que pretenda reunirse voluntariamente para
desarrollar una actividad lícita, están en pleno derecho de hacerlo.
Lo inmoral, es hacerlo desde un gobierno,
usar el Estado para ello, apelando a la utilización de recursos detraídos
previamente de la comunidad ( toda ) vía impuestos para hacer prevalecer una
mirada por sobre las del resto.
El problema no es lo que hacen, sino la
soberbia, la discrecionalidad y el
autoritarismo ejercido sobre el mecanismo de pretender que todos paguen
con sus recursos su visión, una mirada que ni siquiera comparten, solo porque
ellos quieren que sea la que prevalezca.
El argumento reiterado hasta el cansancio por
los defensores de esta temeraria iniciativa, es que consideran que el relato
vigente es el opuesto, y que ellos también tienen derecho a que su visión sea
escuchada igualmente.
El derecho es indiscutible. Lo que no resulta
razonable es pretender que TODOS financien su pluralismo retórico. El Estado
está para garantizar derechos no para imponer visiones ajenas a la totalidad de
los habitantes de una comunidad.
Y si tan loable es su mirada, si tan
necesaria es esa reinterpretación de la historia para rescatar personajes de la
misma, pues seguramente no faltaran personas dispuestas a aportar los fondos
necesarios de modo voluntario para tan noble causa.
Investigar la historia, seguir hurgando en
nueva información que enriquezca con nuevas percepciones sobre los hechos, es
bienvenida. Ahora, montar un Instituto Estatal con un sesgo preanunciado en el
decreto de creación que dice entre sus metas “reivindicar a todas y todos los
que defendieron el ideario nacional y popular ante el embate liberal y
extranjerizante” es realmente una aberración digna de ser cuestionada.
El conocimiento científico siempre merece ser
revisado, siempre, pero no a cualquier precio ni utilizando medios inadecuados,
sino desde la seriedad, el profesionalismo y la ética imprescindible para que
el resultado de esa investigación tenga el aval necesario. La ciencia llega a
resultados después de cuestionarse mucho, y no arranca desde las conclusiones
pretendidas para construir luego, desde allí, las premisas.
Evidentemente, no se conforman con obtener
medios económicos esquilmando a todos para reescribir su interpretación de la
historia, sino que ahora estos pseudo científicos pretenden que sus
preferencias ideológicas conviertan a la historia en un verdadero traje a
medida.
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