Tragica consecuencia del temor

Marcelo GIOSCIA CIVITATE

Una vez más, como consecuencia de un preocupante estado de inseguridad, vuelve a instalarse la tragedia en nuestra sociedad al comprobarse la muerte de una joven de tan solo veinticuatro años en el barrio de Carrasco.

Una sociedad que, lamentablemente se nos muestra, cada vez más armada y cuyos integrantes, están dispuestos a utilizar armas de fuego para hacer frente -con sus propios recursos- al despojo (casi a diario y en forma reiterada) de que son objeto por parte de delincuentes.

Y mientras las respuestas de las autoridades públicas (encargadas por imperio de la Constitución y la Ley a brindar mecanismos de seguridad) no resultan convincentes ni menos, eficientes, el temor ha logrado instalarse en muchos y doblemente, en aquellos que han tenido la imborrable experiencia de haber sido copados o víctimas de hurtos con violencia. Y se sucederán crónicas y análisis para referirse al hecho y a las teorías más increíbles (desde aquellas que atribuyen a la impericia lo ocurrido, hasta las que pretendan justificar lo injustificable -como tener que armarse para sentirse seguros- como tener que hacer justicia por mano propia) seguirán charlas de oficina o café, pero no se logrará devolver la vida a quienes la perdieron, ni la tranquilidad de espíritu a quienes a la postre, las causaron. Cualquiera sea la causa.

Porque más allá de la terrible noticia -que en sí misma motiva nuestra atención- se advierte un profundo quiebre en nuestra sociedad, que se ha visto inmersa en una sucesión de hechos violentos; que ha visto cómo se ha modificado su calidad de vida, que ve en forma cotidiana cómo, los impuestos que paga no se destinan a brindarle mayores garantías para conservar la integridad en su persona ni en sus bienes.

Se trata -ni más ni menos- de una sociedad que percibe el grado de inseguridad que la condiciona y que la obliga a cercar sus propiedades y disponer de más recursos para contar con sistemas de seguridad privados cada vez más sofisticados. Pero que, no reconoce a las autoridades públicas como garantes de brindarle las seguridades que le deben. Y entonces, mal que nos pese, todo se subvierte.

¿Qué nos está ocurriendo? ¿Cómo enfrentar estas situaciones sin tener que lamentar trágicos desenlaces? ¿Cómo lograr que cada quien, asuma de una vez por todas los roles que la Ley le confiere? ¿No habrá ninguna autoridad que exija el fiel cumplimiento de esos roles?

Quienes abogan por el desarme civil sostienen que: “la gente no está preparada para manejar armas de fuego en sus casas”, pero las autoridades públicas, tal vez por un problema de conciencia, no adoptan definitivamente una política en tal sentido, porque en suma, la reconoce efectivamente agredida y a la vez, como desprotegida.

No estamos preparados a nivel público además, ni para reeducar a los delincuentes que se atrapan ni para brindar contención a los protagonistas de tamañas tragedias. Si a esta comprobación, le sumamos el hecho de que casi un tercio de nuestra población está armada y que nuestra sociedad está aprobando el hecho privado de hacer frente a la delincuencia, nos encontramos con elementos que debieran atenderse en forma urgente, si se quiere buscar una solución efectiva a estos problemas.