El ministro de la Corte, Jorge Chediak, dijo a El Observador que “la solución del hacinamiento carcelario es construir establecimientos adecuados y adicionales”, al tiempo que en el programa -Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí- indicó que “la aspiración es terminar con el hacinamiento carcelario mediante el mecanismo normal del incremento de las plazas”.
Chediak indicó que “no se puede desobedecer la orden de internación que dicta el juez porque hay que cumplirla”, agregando que si no se puede llevar a cabo la pena en determinados establecimientos, se deberá buscar otros, construirlos y procurarlos, o redistribuir a los presos para no seguir fomentando el hacinamiento crítico. Y enfatizó: “El juez es, más allá de aciertos y errores, absolutamente independiente y en definitiva resolverá lo que él entienda conveniente.; simplemente analiza la situación”.
Para el juez penal Néstor Valetti la liberación anticipada de reclusos mediante una ley, “es un mal paso dado por el Poder Ejecutivo. Es un contrasentido: por un lado, hacen operativos de saturación y por otro pretenden liberar reclusos simplemente porque no hay cupos carcelarios”, lamentó. “Pretenden solucionar un problema político liberando personas que no merecen estar en libertad”, agregó. Además cuestionó que la ley no haga distinción entre delitos. Consideró que la mayoría de los reclusos son reincidentes y están presos porque cometieron delitos graves.
Cuando se observa con detenimiento el nivel o grado de profundidad de la problemática de la seguridad pública, nos damos cuenta de que aquello de la –sensación térmica- tan fuertemente cuestionada desde el Partido Socialista, no es más que una estrategia de desinformación para lograr cama en una población jaqueada por la ola delictiva.
Y ahora, con estas declaraciones, se ha empezado a perfilar la problemática carcelaria por dónde verdaderamente debe transitar, por la lógica de los hechos sumada a la lógica jurídica de tener que hacer lo que se debe hacer, en el crítico contexto de una realidad social y política que el Gobierno no ha sabido manejar y que con la sucesión de ministros que ha tenido en sus dos versiones frenteamplistas, ha dejado en evidencia la inexistencia de una política de Estado en la materia.
Cuando deciden hacerse de edificios que fueron cuarteles, más que ser prácticos en el requerimiento por obtener más lugares para la reclusión de delincuentes, lo que hacen es crear un proceso maniqueo de reivindicación de muchos de los hoy gobernantes que en épocas de dictadura tuvieron allí su afincamiento forzado.
Las incongruencias gubernamentales han sido claras: practican sus razzias anunciadas de modo publicitario, poco efectivo y nada realista; no dejar policía en los barrios después de su acción intempestiva, dejando a la vecindad librada a su suerte y a la represalia de la delincuencia que al mismo tiempo que la Policía actúa, ellos roban y matan.
Critican los gobernantes la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad de delitos a menores de edad, pero al mismo tiempo quieren dejar libres a un cúmulo de presidiarios que saldrán a las calles a agravar el contexto crítico de quienes viven honestamente.
Ya no se trata de decir una cosa y de la otra; las inconsistencias intelectuales ahora de modo peligroso pasan al terreno de los hechos, y vemos que el enfrentamiento Presidente-Medios de Comunicación sigue en franca caída en perjuicio de los seguidores de Mujica, porque al tiempo que él pretende darnos fe, las crónicas televisivas nos transportan a la realidad urbana donde se le pone el revólver en la cabeza a una persona para robarle a la otra el fruto de su trabajo.
O le ponemos el revólver a este sistema, o la inacción del gobierno –conciente y meditada- nos sumergirá en la anarquía filosófica de un Presidente que como José Mujica, se empecina en vivir en un pasado revolucionario sin salidas ni soluciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario