LAICIDAD y EDUCACIÓN

Patricia Viera Duarte

Maestra y Licenciada en Educación.

Máster en Educación/ Investigación Procesos de enseñanza y aprendizaje.

Dra. (cand) Educación / énfasis en Políticas Educativas.

Integrante de la Comisión de Educación del PROBA

Conceptualizando sobre el Principio

La laicidad es un principio fundamental para cumplir con los fines de educar para la libertad, surge de “las nuevas ideas” de los pensadores iluministas del Siglo XVIII; concretada- luego- en la consolidación de los Sistemas Nacionales de Enseñanza como los conocemos hoy.

Fundamentalmente la idea ilustrada de que la educación es un derecho de todos y obligación del Estado, nace de la intención de que los seres humanos se liberen de los males de la ignorancia y la barbarie; condiciones que propician gobiernos autoritarios y tiranías.

Hombres y mujeres librepensadores, hacen uso de la razón y es a través de ella que el Ser humano puede liberarse del estado de tutela o de “minoridad”- al de decir de Kant. Para ello la educación debe ser amplia, plural y no doctrinaria…formar hombres y mujeres libres es formar pensamiento libre. La LAICIDAD en la educación es- por tanto- condición indispensable PARA LA LIBERTAD; asegurarla es el deber del ESTADO.

La crisis actual de los Sistemas Educativos se explican- en parte- por la pérdida de su sentido original en el momento que la educación y, específicamente, el acto educativo se volvió burocrático- tecnicista dejándolo vacío de sentido. Debería entrar a la agenda de discusión si algunas políticas públicas no habrán convertido a la educación en un medio para llegar a otro fin… “se educa para…”

Desde una concepción humanista habría que reivindicar que la educación es un fin en sí mismo, como la libertad es un fin en sí mismo; y las Políticas Educativas como Políticas de Estado deben resguardar esta condición.

Laicidad en el Uruguay actual

Según la Ley General de Educación N° 18.437 en el TÍTULO I, capítulo IV, artículo 17: “El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la PLURALIDAD de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”. Desde estos enunciados podrían quedar cuestionadas las tradicionales prácticas que propician el uso de libros de textos oficiales, aún bajo el argumento de hacer llegar recursos didácticos a todos; ya que siempre en un texto o en la selección de imágenes y símbolos hay un recorte parcial del conocimiento y la cultura.

En la misma Ley, TÍTULO I, capítulo II el artículo 10 expresa que “la libertad de enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal como lo establece el artículo 68 de la Constitución de la República, la intervención del Estado será “al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público”. Asimismo, promoverá la calidad y pertinencia de las propuestas educativas”

…y en el capítulo 11, tratando de la Libertad de Cátedra queda claramente expresado que “El docente en su condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los planes educativos y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la libertad y el derecho a acceder a TODAS LAS FUENTES de información y de cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance”

Basados en estos potentes conceptos -que ampara la ley sancionada en diciembre de 2008- cabe discutir si la libertad y derecho de los educandos al acceso de todas las fuentes de información y de la cultura, están asegurados en los materiales didácticos que la Administración Central de la Enseñanza pone a su alcance.

Asimismo- más allá de los textos- habrá que analizar seriamente todos los Programas de Estudio, prescriptos para todos los niveles del sistema educativo; a fin de controlar si la selección de contenidos se ha realizado con el debido recaudo para evitar la violación de estos derechos expresados en la Ley de Educación y en la Constitución de la República.