La lógica de los hechos - Confrontada a la lógica fiscalista

Cesar García Acosta

Quien paga el tributo de “patente de rodado” lo único que sabe a ciencia cierta es que si no paga lo multan, pero a dónde va el dinero, o qué obras o servicios se soportarán con su contribución, es una incógnita que hace inviable de justa concreción la iniciativa del Presidente José Mujica para poner “punto final” a la controversial guerra de las patentes.

Y convengamos que lo razonable es pagar en el lugar donde se vive y se transitan sus calles, y no a 300 kilómetros del lugar habitual de pernocte o de labor del contribuyente. Es más, lo razonable es pagar el “uso” de las calles y servicios colaterales al tráfico vehicular, y no hacerlo por el “valor de propiedad” del automotor.

Reflexiones el lector quién rompe más la calle: si un vehículo de los años 70 que todos los días recorre una misma ruta en una misma ciudad, que un vehículo que aunque empadronado está estacionado adentro de un garage particular.

Si hablásemos de una “tasa” que requiere formalmente una contrapartida razonable entre lo que cobra el Estado y el uso de calles, caminos y semáforos por parte de un automovilista, no estaríamos en este conflicto sin soluciones, donde algunas ciudades para hacerse de contribuyentes que las sostengan, registran más vehículos automotores registrados en ellas que la totalidad de sus habitantes. Hay una localidad en Colonia donde sumados los muertos del cementerio local y los vivos residentes en la zona, no llegan al número de automóviles allí matriculados.

Pero Montevideo de acuerdo a informaciones manejadas días pasados por el diario EL PAÍS, no solo le corresponde una mayor porción de la torta fiscal vehicular, por tener la mitad de la población y la principal infraestructura vial del país, sino también por tener la mitad de los casi US$ 200 millones que se recauda cada año por Patente de Rodados. En base a esta situación, con la condicionante del abultado presupuesto que tiene que sostener -entre otras cosas por sus gastos de funcionamiento- la administración de la intendenta Ana Olivera está decidida a defender sus recursos.

La propuesta que viene manejando el gobierno nacional con la Mesa del Congreso de Intendentes (integrada por Tacuarembó, Canelones y Salto) se basa en ajustar los valores de recaudación dejando de lado los máximos y mínimos actuales. Y en establecer un sistema de franjas en el que los automóviles que tengan un valor inferior a los US$ 10.000 tributarían menos. Luego, se pasaría a una segunda franja de US$ 10.000 a US$ 20.000, y a una tercera de US$ 20.000 en adelante. Lo que pierdan las Intendencias sería subsidiado por el gobierno, que dispondría para ello de un fondo de unos US$ 20 millones.

Fuentes de la Intendencia de Montevideo revelaron que los negociadores están "errando el norte" con esta propuesta en clara alusión al Prosecretario de la Presidencia de la República, el Dr. Diego Cánepa. Según estas fuentes, no se puede rebajar el porcentaje de cobro porque disminuiría la recaudación. Y el fondo compensatorio dispuesto por el gobierno es "insuficiente". La intención de la IMM es que todos equiparen con Montevideo y que el gobierno subsidie a Colonia y Flores, por ejemplo, que manejan "recursos ajenos "por el "robo" de patentes a otros departamentos.

Montevideo asegura, ene se contexto, que no se opone a equiparar la patente a nivel nacional, aunque no comparte la fórmula que se viene manejando.

En las negociaciones están participando la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría de la Presidencia de la República, en conjunto con la Mesa del Congreso de Intendentes, integrada por el nacionalista Wilson Ezquerra (Tacuarembó), el frenteamplista Marcos Carámbula (Canelones) y el colorado Germán Coutinho (Salto).

Hay una lógica general que dice: tanto se tiene y tanto hay para repartir. Después de esa lógica general, sobre cuánto se dispone, hay que ver cómo participa uno del reparto. El gobierno quiere adicionar US$ 20 millones para que esto cierre. Es totalmente insuficiente: US$ 24 millones es lo le están quitando por año a Montevideo, dijeron directores municipales en la Junta Departamental cuando el Presupuesto Quinquenal estaba en plena etapa de estudio.

La pretensión de Montevideo es que se tome como base la resolución del Congreso de Intendentes de fijar la patente en base al 4,5% del valor del vehículo sin IVA. La propuesta sería la misma para los cero kilómetro y para los usados (sobre los cuales hay más inconvenientes por existir diferentes aforos).

El razonamiento de la Intendencia con mayores recursos propios del país, es que lo que se busca son mayores ingresos. Si eso es así, si esos fondos son para hacer obras, calles, avenidas y plazas, y no se tienen plata para hacerlo, y si en vez del 4,5% se tributa el 2,5%, en el conjunto de patentes del país se va a recoger la mitad de dinero. Lo mejor para todas las intendencias, es que ese valor sea lo más alto posible, porque si no, la plata que hay para repartir no alcanza.

Ese, precisamente. es el dilema: Mujica, haberse metido en un lío ajeno con el fin de manejar recursos que no le son propios, los departamentales, aportando como solución mucho menos de lo que se necesita mediante la aplicación de mecanismos poco ortodoxos, como el fideicomiso, el que por ley dejó de lado hasta los controles de las Juntas Departamentales privatizando ni más ni menos que la gestión de cobro de los tributos.

Según los criterios que se vienen manejando cobrar la patente en base a tres franjas "rígidas" daría lugar a injusticias tributarias.

Si se pone una franja única hasta US$ 10.000, un Volkswagen Gol de 2001 puede pagar lo mismo que un `fusca` de US$ 3.000 que tiene 25 años". La segunda franja es entre US$ 10.000 y US$ 20.000. Y en ella se va a encontrar un Volkswagen Gol de 2002, que sale US$ 10.500, con un cero kilómetro que cuesta US$ 20.000. Cuando se supera los US$ 20.000 se dan casos como los de un KIA que vale US$ 23.000 que va a pagar lo mismo que un Mercedes Benz de US$ 80.000?.

Esta es la controversial por no haber definido que es el tributo de patente de rodado, si una Tasa o un Impuesto, y según sea uno u otro criterios fiscal, tampoco se definió qué se paga, si el uso que se hace del sistema de tráfico (calles, caminos, semáforos, etc), o un impuesto a la propiedad del vehículo donde debería prevalecer el criterio de que paga más el tiene más, y menos el que tiene menos.

Pero el Poder Ejecutivo reivindicó sus criterios en su comparecencia al Congreso de Intendentes en la ciudad de Las Piedras, hace apenas unos días cuando sostuvo que la filosofía es no trabajar sobre el valor máximo ni el mínimo, sino sobre un término intermedio, para que sea algo sostenible desde el punto de vista político y económico, donde los máximos, pese a lo que piensa la gente, no necesariamente están en Montevideo. Esto indicaría que algunas intendencias cobran más de patente por determinados modelos que lo que éstos tributan en la capital.

Según la "hoja de ruta" que presentó el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, al Congreso de Intendentes, junto con el proyecto de patente única se presentará otra iniciativa para equiparar los aforos a nivel nacional.

La filosofía seguida encuadra en que actualmente, en el país hay 19 aforos diferentes y se aplican porcentajes distintos a cada auto. Para revertir esa situación se establecerá un mecanismo de cálculo de un aforo único nacional, una sola tabla de valores de cada auto, de alícuotas y de descuentos por pronto pago o buen pagador, para evitar descuentos diferenciales como forma `oculta` de bajar la patente.

Para esto es que el Gobierno Nacional propone la creación de una entidad nueva, central, con un contrato fiduciario de administración. En ese organismo, que será el que cobre la patente, participarán las 19 intendencias, el gobierno nacional (a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto) y el Ministerio de Economía.

La recaudación será distribuida entre las 19 intendencias, dependiendo del empadronamiento.