La Investigadora y el prestigio del Parlamento

Ope Pasquet

La bancada del Frente Amplio en el Senado decidió finalmente votar a favor de la constitución de una Comisión Investigadora que examine el proceso legislativo culminado con la sanción de la ley 18.411 (que fue la que derogó el artículo 76 de la Ley 2.230).

Al autor de esta nota le correspondió ejecutar la decisión de Vamos Uruguay, en el sentido de promover la formación de la Investigadora, una vez publicada la edición del semanario Brecha del pasado viernes 20. Por ese medio se supo lo que el Dr. Gonzalo Fernández omitió decirle al Senado: que su estudio jurídico defendía a uno de los imputados en el proceso penal seguido a los hermanos Peirano y otras personas, en la época en la que se tramitó la sanción de la ley 18.411 y él le sugirió al senador Abreu la derogación del art. 76 de la ley 2.230.

Tras la presentación de nuestra denuncia, algunos legisladores frenteamplistas dijeron que ella carecía de la seriedad y la entidad necesarias para justificar la formación de la Investigadora (“entidad”, “seriedad” y “oportunidad” de la denuncia, son los requisitos que el Reglamento del Senado exige para que proceda la formación de la Comisión). Se ve que ni ellos mismos creen lo que dicen, porque finalmente decidieron habilitar la investigación parlamentaria.

Lo que aún no se sabe con certeza es qué alcance está dispuesto a darle el oficialismo a esa investigación.

Algunos integrantes de la bancada de gobierno han dicho que están dispuestos a investigar todos los hechos vinculados o conexos con la derogación del art. 76, aunque sin enfocar “a priori” la investigación sobre persona o personas determinadas, ni excluir tampoco a nadie, de antemano, de los alcances de la investigación. A nosotros nos parece que este es el criterio correcto.

Otros legisladores frenteamplistas, en cambio, están diciendo que la indagatoria ha de circunscribirse al trámite del proyecto de ley en el Senado y a la actuación de los senadores. De esta manera quedarían fuera del objeto de la investigación las sugerencias hechas a los senadores, los asesoramientos prestados a los diputados y las resultancias del expediente judicial. En otras palabras: no se podría investigar lo actuado en todo este asunto por el Dr. Fernández.

Si acabase imponiéndose el criterio anteriormente expuesto, la Comisión Investigadora quedaría descalificada desde el día de su constitución y su labor no serviría para mejorar la imagen del Parlamento ante la ciudadanía, sino para infligirle aún más daño del que ya ha sufrido. En efecto, excluir de la investigación parlamentaria a quien ha estado en el centro de las investigaciones periodísticas y el comentario público, sería una nueva burla al Senado y a la ciudadanía.

El Frente Amplio tiene la mayoría parlamentaria y controla las decisiones, tanto en el Senado como en Diputados.

No controla, empero, a la opinión pública, que estará atenta a los acontecimientos.

Esperemos que la semana próxima, cuando el Senado vote la formación de la Comisión Investigadora y determine su objeto, la buena fe, el sentimiento de lealtad a las instituciones y el respeto a los demás, pesen más que las consideraciones de micropolítica partidaria.