Terminemos con la peor discriminación

Por Tabaré Viera Duarte

El problema del empleo en nuestro país sigue siendo el principal asunto apuntado en todas las encuestas realizadas en el territorio nacional.

Existe la tendencia de simplificar el tema y considerar solamente al desempleo como lo único que requiere atención, cuando los demás datos, como el subempleo, los bajos salarios, el trabajo “en negro” o el informal, nos muestran una realidad tan o más grave que la primera.

La realidad de los trabajadores uruguayos a pesar de la propagandeada disminución del desempleo, aparece con una variedad de situaciones problemáticas que, cada una en sí mismo, representa un gran tema a considerar.

En la oportunidad me ocuparé de aquellos compatriotas de más de 40 años que por alguna circunstancia de la vida buscan trabajo. Algunos porque se quedaron sin su empleo y otros, incluso, porque recién salieron a competir en el mercado laboral.

La realidad es que se les hace muy difícil, por no decir imposible, encontrar una solución laboral a esa altura de la vida. Si usted no conoce a nadie en su entorno que esté en esa situación, basta que busque cualquier llamado a aspirantes para empleos públicos o privados, para constatar esta realidad: el límite de edad.

Creo, sin temor a equivocarme, que en nuestro país mucho hemos hecho por combatir varias discriminaciones. Pero poco o nada se ha hecho para erradicar una de las peores, que es la que se produce en el momento de buscar empleo. Todos tenemos derecho al trabajo y no es justo que cuando nos ponemos un poquito mayores y tenemos la desgracia de quedar desempleados, nos discriminen, antes mismo de pasar por una selección de aptitudes.

Y esto debe terminarse. ¿Quién ha dicho que un joven de cuarenta tiene menos capacidad que uno de treinta y cuatro o aún de veinticinco años?

Es hora de ponerle fin a esta vergonzosa práctica llevada a adelante incluso por el propio Estado. Si las leyes vigentes no permiten que un ciudadano se jubile antes de los sesenta años, no puede prohibírsele el acceso al trabajo.

Por ello, la Bancada de PROBA, esta presentando en este momento el siguiente proyecto de ley, referido a la selección para empleos públicos, acompañando una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que, de acuerdo a su privativa potestad en materia de estímulos fiscales, promueva ante las empresas privadas la caída definitiva del oprobioso límite de edad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Reivindicamos el derecho al trabajo como un derecho fundamental del ser humano así como el de todo ciudadano a poder ser llamado a un empleo público en forma imparcial y equitativa (artículos 7, 8, 55 y 76 de la Constitución de la República).

Venimos a marcar nuestra preocupación por la situación de desempleo de los ciudadanos mayores de 40 años. Se trata de un amplio sector de la población, por lo general con cargas familiares y que se formó en sus competencias laborales hace décadas (arts. 40 y 53 de la Constitución). Este rango de ciudadanos sufre hoy la mayor amargura que el desempleo produce: la casi certeza de no poder salir de él, debido a la escasez de ofertas laborales que puedan aprovechar. Situación que opera aún en el ánimo de los que teniendo trabajo, soportan en silencio, las más difíciles condiciones laborales por temor a perderlo.

Por su parte, en los llamados a empleos públicos imponen límites de edad que les impide participar en la inmensa mayoría de ellos. Sentimos que la no contratación por parte del estado de personas mayores de 40 años es un acto discriminatorio que, salvo en actividades ejecutivas de policías y militares no encuentra justificación y comprime, todavía más, la oferta laboral para esta franja de la población. Resulta ésta, una práctica que por su generalización vulnera derechos fundamentales recogidos expresamente por la Carta.

Entendemos pues que el estado no debe agudizar las dificultades que se presentan a los mayores de 40 años para reinsertarse en el mercado laboral. Sino que debe atender a su capacitación y adaptación a los nuevos requerimientos laborales y tener una política activa en la eliminación de prácticas discriminatorias que laboralmente los excluye.

Por lo expuesto, nos permitimos poner a consideración del cuerpo el proyecto de ley que se acompaña

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.- Todo ciudadano puede ser llamado a empleos públicos. (Constitución de la República, Artículo 76).

Artículo 2.- En los llamados a empleos públicos no se admitirá el límite de edad como causal de exclusión de los ciudadanos convocados, salvo en los relativos a personal policial o militar que se regulen por normas especiales y para tareas ejecutivas.

Artículo 3.- La prohibición establecida en el artículo anterior regirá para todos los llamados a empleos públicos, incluyendo los efectuados por dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados e Intendencias Municipales.