Por Ope Pasquet
La transparencia, es decir, el carácter público de la información relativa a alguien o a algo, es sin duda un valor desde el punto de vista democrático.
También es cierto, empero, que no hay derechos absolutos –es aquello de que “el derecho de cada uno termina allí donde empieza el derecho de los demás”- y que no hay tampoco un solo valor, sino varios, y que a menudo es necesario elegir entre ellos.
Frente al legítimo interés de la sociedad democrática en que la información pública sea accesible para todos, puede haber también, según los casos, un legítimo interés público en la reserva de cierta información, o el derecho a la intimidad de personas que no quieren hacer de sus vidas un “reality show”.
Distinguir entre una situación y otra y hacer prevalecer, en cada una, el derecho o el interés que corresponda, puede no ser tarea sencilla. El punto de equilibrio varía según épocas y lugares. En algunas sociedades, como la estadounidense, la balanza se inclina claramente del lado del derecho a la información, y todos los días las figuras públicas –los políticos, pero también los artistas o los hombres de negocios- están dando explicaciones acerca de lo que hicieron o dejaron de hacer. En Uruguay, en cambio, no sólo toleramos tranquilamente que las autoridades de turno difundan u oculten la información pública según su criterio, no siempre acertado, sino que además aceptamos con la misma pasividad que esas mismas autoridades exhiban en la vidriera de sus páginas web, información atinente a particulares que estos podrían querer reservarse.
El Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, informa que la tasa de infecciones intrahospitalarias en todas las instituciones públicas y privadas es del 2,7% (El País, 1º de julio). Esa cifra es un promedio, obviamente, y es razonable que las autoridades sanitarias se manejen con ella. Pero a la persona que tiene que elegir una mutualista a la que afiliarse, o un hospital para operarse, lo que le interesa saber para tomar su decisión es, concretamente, cuál es la tasa de infecciones que se registra en tal mutualista o en tal hospital. Ese dato es el que no está disponible, precisamente. Las autoridades del sector reconocen el derecho de los usuarios a acceder a esa información, pero alegan que previamente es necesario establecer reglas comunes a todas las instituciones de asistencia médica para producir los datos, etc. Resultado final: 2,7% para todos, sin méritos ni culpas para nadie.
Otra, parecida: según el artículo 116 de la Ley de Educación, la información relativa a la evaluación de la calidad educativa en todos los niveles de la enseñanza, se difundirá de manera de resguardar “la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación”. O sea: los padres de un estudiante liceal podrán saber, digamos, si en los liceos uruguayos el nivel de aprendizaje de inglés o de matemática está por encima o por debajo de algún promedio internacional (el de las pruebas PISA, por ejemplo), o acaso si los liceos de Montevideo enseñan mejor o peor que los de tal o cual departamento del interior. Lo que no podrán saber es si el liceo al que envían a su hijo enseña igual, mejor o peor que los demás. Sólo se difunden promedios, para que todos puedan estar tranquilos...
En cambio -para que no vaya a creer el lector que en el Uruguay siempre se esconde la leche-, si alguien quiere saber si algún vecino, pariente o amigo está endeudado con el sistema financiero y cumple regularmente con sus obligaciones, lo único que tiene que hacer es conseguir su número de cédula de identidad o de RUT. Con ese dato ingresa a la página web del Banco Central y con unos pocos “clicks” obtendrá la información deseada.
El criterio, entre nosotros, parece ser que la información atinente a los asuntos públicos es, en principio, reservada, pero la información relativa a los negocios de los particulares es de libre acceso.
Decididamente, los uruguayos tenemos un largo aprendizaje por delante en materia de transparencia.
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