Política social para el sector agropecuario
Por Eduardo Artecona
La pobreza rural es un fenómeno muy mal medido en el Uruguay, lo que queda demostrado por el hecho que el mismo comienza a ser considerado como problema en el país recién en la última década del siglo pasado.
Por otra parte ha estado mostrando signos crecientes en los últimos años, como ya lo señalaba el documento elaborado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que diera origen al Programa Nacional de Apoyo al Pequeño Productor Agropecuario (Proyecto MGAP-FIDA) en 1992.
Si bien este hecho no alcanza los niveles de otros países del continente latinoamericano, no deja por ello de resultar preocupante para la sociedad uruguaya, para el gobierno nacional y como resultado de lo anterior para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como diseñador y ejecutor de las políticas sectoriales
El sector agropecuario nacional inserto en el nuevo marco de integración regional e internacional y apoyado por una política interna de liberalización de los mercados ha iniciado un proceso de sostenido crecimiento que ha logrado indicadores significativos en los últimos años y especialmente importantes durante el período posterior a la crisis financiera del 2002.
Sin embargo este fuerte desarrollo del sector en su conjunto no ha alcanzado ha todos los actores del medio rural por igual.
Si bien en el Uruguay no existen estudios en el pasado focalizados a determinar la pobreza rural, quizás el único antecedente que realiza un análisis global de este fenómeno es el realizado por el CINAM a fines de la década del los años ´50, es posible por medio de diferentes indicadores concluir en la existencia de este problema desde hace muchos años.
De acuerdo al mencionado estudio el eje del problema de la pobreza rural se encuentra en un conjunto de situaciones que derivan en la menor existencia de posibilidades de acceso a las oportunidades tanto económicas como sociales para ese conjunto de la población, lo que redunda en condiciones de vida comparativamente inferiores a la mayoría del resto de la sociedad.
Sin embargo el tratamiento del tema de la pobreza rural ha estado mas que nada enfocado desde las facetas fundamentalmente productivas, enmascarando y olvidando de cierta manera la complejidad social y humana de una problemática que supera ampliamente los aspectos meramente productivos.
Esas menores oportunidades antes referidas están corroboradas por la constante emigración que se verifica desde el medio rural al urbano.
Pese a que la evolución de la estructura fundiaria de la producción agropecuaria uruguaya no es un indicador directo de la pobreza y sabiendo de antemano que los ingresos de los predios no están siempre correlacionados con su tamaño, es interesante ver como evolucionan los predios menores de 50 hectáreas en los 20 años comprendidos entre los censo agropecuarios de 1980 y 2000.
En efecto en esos 20 años sobre 48.912 predios menores de 50 hectáreas existentes al inicio del período, se registra la desaparición de 21.103 predios, es decir el 43% del total inicial y que por otra parte constituyen el 95% de los predios que desaparecen en el período analizado
Para no caer en el enfoque puramente técnico de la desaparición de unidades productivas, esto significa que algo mas de 110.000 personas dejaron el medio rural en esos 20 lo que implica que aproximadamente 15 uruguayos dejaron por día el medio rural trasladándose a las ciudades.
Esta emigración del medio rural a las zonas urbanas, sin olvidar los problemas sociales que acarrea, representa para la sociedad en su conjunto un importante costo económico, ya que se debería proveer de servicios a estos nuevos pobladores de las ciudades.
Con relación a este punto es de destacar que a nivel internacional se estima que por cada dólar que se invierte para retener en el campo a un poblador los estados ahorran seis dólares por concepto de la inversión en infraestructura que se debería realizar para satisfacer sus necesidades en los centros urbanos y por otra parte se estima que cuesta al menos cinco veces mas crear un puesto de trabajo en la ciudad que en el campo.
Una encuesta realizada por Equipos Consultores Asociados para el MGAP de terminó la existencia de 39.000 hogares rurales por debajo de la línea de pobreza.
De estos 17.000 pertenecen a hogares de productores agropecuarios, mientras que 22.000 son de asalariados rurales.
En conjunto estos 39.000 hogares representan aproximadamente 156.000 habitantes del interior rural, es decir que estamos hablando casi del 50% de la población rural del Uruguay.
Ninguna propuesta de acción que se pretenda desarrollar con el objetivo de disminuir la incidencia de la pobreza en el medio rural puede ser imaginada para el corto o mediano plazo sino que implica el desarrollo de una política de estado que trascienda el período de las diferentes administraciones de gobierno.
El eje de la propuesta debe estar basado en la instrumentación de herramientas diferenciales que permita a los pobres rurales acceder a servicios que tanto el Estado como la Sociedad Civil tienen hoy disponibles, pero a los cuales los pobres rurales por diferentes razones no pueden acceder.
Por esto que se considera fundamental la estructuración de una política especifica para estos sectores de la sociedad rural, ya que debemos tener claro que no es lo mismo un pequeño productor o un asalariado rural que un productor o un asalariado rural pobre.
Por otra parte es de fundamental importancia que sea el Estado quien ejerza el liderazgo en esta materia, ya que es un área en la cual no puede ser prescindente porque de lo contrario el tema queda olvidado como ha estado ocurriendo hasta no hace muchos años en que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca inició acciones concretas en la materia por medio primero del Programa Nac. De Apoyo al Pequeño Productor Agropecuario (PRONAPPA) y luego con el Proyecto Uruguay Rural. Lamentablemente este último fue dejado muy relegado por la pasada Administración.
Sin duda la acción del Estado se debe realizar sin la implementación de las grandes estructuras burocráticas, que en el pasado condujeron los programas de desarrollo que se ejecutaron en el país.
Este liderazgo se debe dar por medio de la articulación de las acciones con todos los actores sociales del medio rural (organizaciones de productores, sistema cooperativo agrario, ONG´s , empresas agroindustriales, etc.), creando los mecanismos específicos para una población de características tan especiales como es a la que están destinados estos esfuerzos y sin caer en la estructuración de políticas asistencialistas que fueron tan comunes en nuestro país y de cuyos resultados hoy nos podemos plantear al menos serias dudas, siendo generosos en la apreciación.
Otro punto fundamental es que esta política no debe de ninguna manera estar en colisión con la política económica del país por lo cual el objetivo primordial de la misma debe insertar a los pobres rurales en la economía de mercado.
La propuesta se instrumenta sobre la base de un programa que permita en forma diferenciada acceder a asistencia técnica y capacitación, en principio como apoyos sin costos para los beneficiarios, los que deberían en el mediano plazo hacerse cargo del costo de estos servicios.
El otro instrumento a manejar debería ser un fondo de crédito, asociado a un fondo de garantía que permita a los pobres rurales acceder a los créditos.
Este fondo de garantía debe ser el eje fundamental de una política crediticia destinada al desarrollo de los pobres rurales ya que la dificultad mayor que encuentran es su falta de garantía reales para acceder a cualquier tipo de línea de financiamiento por más barata que esta sea.
Por esto entendemos que la mayor parte de los recursos del área de crédito deberían destinarse al mencionado fondo, lo que permitiría asimismo utilizar los fondos propios de las instituciones financieras de plaza y solo reservar el crédito del programa para operaciones de especial interés.
La problemática de la pobreza rural en el Uruguay si bien como fuera dicho no reviste la magnitud del resto de Latinoamérica, no deja de ser una situación agraviante para la sociedad.
Nuestro Partido ha estado siempre del lado de los mas necesitado y desprotegido y es por eso que entendemos que es nuestra responsabilidad aportar estas ideas a la construcción de una política que permita disminuir este indicador.
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