Dr. Marcelo Gioscia Civitate
Los datos proporcionados por el Comisionado Parlamentario Alvaro Garcé en ocasión de la presentación del libro de la CAEC (Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles) no pueden dejar de preocuparnos, pues somete a nuestra consideración cuál es la realidad que se observa en la población privada de libertad. Y ésta población, muy a pesar nuestro, refleja no un problema aislado o en apariencia distante, sino la sociedad en que vivimos, que compartimos y que estamos construyendo cotidianamente, desde las distintas posiciones en que nos toca actuar.
La información relevada, nos permite ensayar conclusiones que, en definitiva pueden ser de utilidad a quienes deben planificar las decisiones políticas a aplicarse para lograr una verdadera reinserción social de quienes delinquen.
Pero además, nos confirma la hoy más que nunca imperiosa necesidad de fortalecer la calidad de la educación que se brinda desde la edad escolar, pues será ésta la base del entramado social de quienes habitamos este país y de las generaciones por venir. Nada menos.
Obsérvese que, si de cada cien reclusos, setenta y uno no lograron completar seis años de escolaridad, resulta evidente que algo no funciona. Y no se podrá decir que en los últimos años no se dedicó buena parte del presupuesto nacional a la educación.
¿Pero, efectivamente cuáles fueron los controles que se aplicaron? ¿Por qué razón no se frenó la deserción escolar?
La población carcelaria objeto de este estudio, muestra haberse caracterizado por una mala escolaridad, plagada de “desenganches del sistema”, alta conflictividad, repeticiones reiteradas y desconexión con la realidad. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Podrá revertirse la situación y comenzarse de nuevo? ¿Cómo se aplicarían las penas alternativas a la privación de libertad? ¿Dará resultado la aplicación de una prisión domiciliaria? Son cuestiones de política criminal que los legisladores habrán de evaluar y el Poder Ejecutivo poner en práctica a través de los ministerios de su competencia.
Resulta por demás loable la iniciativa de impulsar estos cursos de educación dentro de los establecimientos de detención, pues los mismos permitirían la probable recuperación de quienes por diversas situaciones han sido procesados con prisión o condenados a cumplir penas de penitenciaría, culminando estudios o logrando la alfabetización de que carecen.
Desconozco los programas que se aplican en estos cursos, pero en la medida que no se les reeduque en valores (que seguramente no adquirieron en sus propias familias de origen) muy magros serán los resultados.
Resulta por demás preocupante que setenta y cinco presos de cada cien, sean jóvenes (de entre 18 y 29 años de edad), provenientes de las periferias de las ciudades, casi analfabetos y que además, de cada cien privados de libertad, ochenta y cinco hayan cometido delitos contra la propiedad. Esto nos conduce a la triste convicción de que, ha predominando en ellos la cultura del consumo inmediato, frente a aquella en la que, el individuo debe obtener la propia superación moral y material, como resultado del esfuerzo cotidiano.
Advertimos con preocupación que, la brecha existente entre los diversos grupos que componen nuestra sociedad se está haciendo cada vez mayor.
Esta comprobación nos pone frente a un grupo social al que si bien formal y materialmente se le brindaron planes de algún tipo de asistencia estatal, los mismos no fueron suficientes o ni siquiera fueron aprovechados para estar socialmente contenidos.
Sabemos que la tarea docente es una tarea de siembra, que requiere dedicación y esfuerzo abnegado y constante, pero: ¿Será posible revertir tal situación? ¿Cómo se podrán limar los resentimientos y reparar las frustraciones? ¿Cómo se podrá recomponer aquél entramado social que particularizaba favorablemente a nuestro país dentro del concierto de naciones?
Los datos proporcionados por el Comisionado no son muy alentadores.
Sabemos que se necesitan pero…¿Sólo seguiremos construyendo cárceles?
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