Por Alberto Scavarelli
Aquella iniciativa del hoy presidente Mujica cuando era aún presidente electo, de trabajar en conjunto en el marco de un acuerdo pluripartidario, definitivamente se instaló.
En esta comisión en la que estamos representados todos los partidos políticos con representación parlamentaria hemos tenido el plus de que durante todas las sesiones a lo largo de todos estos meses invariablemente participaron el ministro, el subsecretario y el director general de Secretaría del Ministerio del Interior (MI) bajo la presidencia del diputado Rico por el Frente Amplio (FA), lo que nos garantizó una interlocución política pero además gubernamental de primer nivel, por lo que cada punto que hemos convenido en este documento, que fija una política pública macro, cuenta con el conocimiento y la aceptación del propio MI.
De hecho ya ha comenzado a tener principio de ejecución, las normas que ha remitido el Poder Ejecutivo sobre el tema carcelario, por ejemplo, es uno de los primeros temas que convinimos a fines del año pasado, y sé que en las normas presupuestales se están incluyendo muchos de estos temas. Por lo tanto ya hay principio de ejecución, partiendo de la base de que se trata de un documento marco de fijación de política pública que luego debe ser aterrizado a nivel parlamentario y a nivel del Poder Ejecutivo. Pero parte de un gran principio, que es el reconocimiento de que en esta materia tenemos un grave problema y por lo tanto aquí no hay espacio para conflictos de intereses, sino para responsabilidades a compartir.
Considerar que el Estado debe apoyar a pequeños comerciantes que son víctimas de robos reiterados, es uno de los capítulos de la llamada protección de víctimas y testigos. Es un proyecto de ley que yo ya presenté en la Cámara en dos legislaturas y que no ha avanzado mucho, pero actualmente fue aprobado por unanimidad, sin reserva y con entusiasmo. Básicamente ha trascendido más el tema de la protección de los comerciantes, porque es un tema de altísimo impacto, pero también está referido a otras personas y otras situaciones.
En el caso concreto de los comerciantes el tema es, con una dramática simplicidad, que mucha gente que no tiene empleo, que fue despedida o que está tratando de resolver problemas personales, como puede junta un dinero, compra una mercadería, consigue algún crédito de proveedores e instala un pequeño comercio en algún barrio, en algún lugar. En esos lugares el seguro es casi impensado porque por el riesgo de la zona tendría que pagar primas altísimas, y por otra parte no están en condiciones de darle a la infraestructura donde trabajan condiciones de seguridad, por lo cual un día –y a veces más de un día– les producen un robo, un hurto, una rapiña, para no hablar de los casos dramáticos en que hay lesiones o muertes. Esa gente una vez que le roban una o más veces lo que tiene se queda sin capital de giro, sin crédito, sin posibilidad de funcionar. Soy de los que creen que más vale rescatar a alguien en el momento en que está cayendo que ir a buscarlo después de caer, que siempre es mucho más caro, y además creo que detrás de cada delito, al menos desde el punto de vista filosófico, hay un fracaso de la comunidad en materia de prestar seguridad.
Ese es un punto de partida: la asunción de que el Estado no cumple a cabalidad una de sus funciones básicas y por tanto tiene algún tipo de responsabilidad. Más allá del juicio de gestión, la mera producción de un hecho de este tipo significa que el sentido de protección obligatoria que el Estado tiene que dar a sus habitantes ha fracasado en esa instancia concreta. En ese caso, cuando la persona está en un régimen de fragilidad, ya sea económica o personal, parecería que la comunidad no debería hacerse la distraída y debería procurar reencauzar, paliar, disminuir el impacto de una situación tan crítica. Esa es la piedra angular del apoyo.
En el caso de los comerciantes pensamos: ¿con qué se encuentra alguien a la mañana siguiente de salir de ese durísimo impacto? Se encuentra con que no tiene dinero para funcionar o con que se le llevaron la mercadería y no tiene dinero; y además tiene tarifas a pagar, servicios a cumplir, aportes a realizar. Allí el drama es muy claro y contundente: cierra la puerta, baja el negocio y sale a engrosar las filas de un desesperado buscar qué hacer; nos lo ha dicho mucha gente que desgraciadamente lo vivió. Parecería que puede haber crédito de bajo interés, inclusión en planes sociales, suspensión del pago de tarifas, suspensión del pago de aportes y tributos, o refinanciación de esos importes durante un período.
Estos son simplemente ejemplos de instrumentos para que esa persona, primero, no se sienta sola, para disminuir la desesperación. Le digo más, creo que si durante la ejecución del delito –mire al punto que llego– quien está detrás del mostrador y siente que o se juega la vida defendiendo los 15.000, 10.000 o 3.000 pesos que le van a robar o al otro día no tiene con qué mantener a su familia, tiene en el subconsciente la posibilidad de ser asistido y protegido después, quizás no ponga su vida en juego frente a gente que muchas veces actúa sin importarle la vida del otro.
Este tipo de ventajas señaladas serían más efectivas si existieran estos apoyos, si el pequeño comerciante supiera que no va a quedar desamparado. El tema de andar armado ya es un capítulo más complejo, pero sin duda la utilización del arma o la forma de enfrentar al delincuente. Hoy hay pautas muy modernas en materia de delito, la conducta de la víctima frente al delincuente es un capítulo que en Uruguay no está demasiado difundido y que habría que trabajar más, sobre todo cuando hay tanta violencia en la ejecución del delito. Sin querer construir un axioma, nos parece claro que cuando el individuo sabe que tiene todo en juego y todo para perder es muy probable que cuando es víctima de un delito reaccione mucho más jugado y con mucho más riesgo que cuando sabe que es un tema que puede resolver. No es este el numen inspirador del tema, pero creemos que como beneficios colaterales también se debería incluir el hecho de darle tranquilidad a la gente que lucha por sobrevivir, porque es el comerciante que está en el barrio, que la gente conoce, que le anota en la libretita, que le facilita las cosas, y al mismo tiempo él y su familia trabajan para resolver situaciones personales.
Todo este mecanismo no tiene por qué ser un proceso complejo. Los tiempos los determinará la agilidad de la administración, pero creo que para préstamos de baja denominación la situación no debería ser tan compleja, solo se requieren la acreditación de la existencia del delito y la constatación de que se trata de una persona con bajos recursos que no puede atender a otra cosa. El préstamo debe ser ágil, porque es como usted hace notar: o llega a tiempo o de lo contrario es un hecho simbólico. Se trata de que llegue rápido, a tiempo.
Pero hay otra tema: en materia de provisión de estos negocios, donde el crédito del proveedor al comerciante es clave, no es lo mismo que el proveedor sepa que esta persona tiene en los próximos días la capacidad de recuperar una suma de dinero que le permita seguir funcionando, que que el proveedor llegue con su vehículo a la puerta del comercio y lo vea asaltado, cerrado y sin ningún futuro. Son instrumentos para ayudar, pero estoy totalmente convencido de que estas cosas requieren oportunidad y conveniencia, tienen que ser buenas y llegar a tiempo, de lo contrario les falla uno de los hemisferios.
Una cosa es un crédito blando y de poco monto, eso no implica para el Estado perder plata; en cambio dar exoneraciones de impuestos o rebajas en las tarifas implica un sacrificio fiscal, como se lo llama en la jerga. El sacrificio fiscal de lo que un pequeñísimo comerciante aporta desde el punto de vista tributario no parece ser demasiado significativo. Tampoco estamos hablando de un renunciamiento, estamos hablando de una facilitación en materia de tarifas y de tributos. Y después de todo también tenemos que crear una especie de zona franca en el alma interna del país, porque así como estimulamos proyectos de inversión hacia fuera porque nos dan mano de obra y les exoneramos tributos, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, me parece formidable, también tenemos que tener algún procedimiento de rescate para la gente que está en proceso de producción con voluntad de trabajo demostrada y eficiencia, porque el negocio tenía las puertas abiertas cuando fue asaltado. Por lo tanto no creo que para el hoy denominado espacio fiscal sea un sacrificio demasiado relevante, ni siquiera para las empresas públicas por lo tributario. En el caso de estos pequeños comerciantes que son asaltados y requieren de esos beneficios, creo que la cuantificación no debe ser estimativamente demasiado significativa.
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