El levantamiento del corte de la ruta 136 que lleva al Puente General San Martín del lado argentino, (luego de cuatro años de mantener el mismo) condicionado al monitoreo interno de la planta de procesamiento de celulosa que se ubica en el territorio uruguayo, resulta cuando menos improcedente. El conflicto, que enfrentó a gobiernos de países hermanos en la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya, y que ha causado a nuestro país enormes perjuicios -así como gastos extraordinarios que debieran haberse evitado- lejos de resolverse como consecuencia del fallo o sentencia del mencionado tribunal, ahora parece depende del control en nuestro suelo (y dentro de la propiedad de una empresa privada) de su buen funcionamiento.
La medida, que por cierto descomprime la tirante situación reinante y que se aplicará según ha trascendido por espacio de sesenta días a partir del sábado 19 de junio, condicionada al “monitoreo conjunto del río Uruguay y controles en la planta de UPM”, adoptada en una asamblea con voto “a mano alzada”, deja entrever que, entre quienes resolvieron el corte, ha prevalecido la razón por sobre otros intereses.
Sin embargo, no es posible aceptar el condicionamiento que se pretende imponer como presión sin afectar en gran medida, no sólo las normas del derecho privado uruguayo, sino nada menos que la propia soberanía nacional. Esta condición inaceptable, tendría su base en manifestaciones realizadas por el Presidente Mujica, quien sin mencionar explícitamente el caso, desde la página de la Presidencia de la República antes de la mencionada asamblea, en sus consideraciones generales habilitó tal posibilidad.
Una cosa es cumplir el fallo del Tribunal de La Haya y el Estatuto del Río Uruguay, en cuanto a ejercer con nuestro vecino, la República Argentina -en ejercicio de nuestras respectivas potestades- el control conjunto de todo el río, el estado de las aguas que bañan ambas costas y su grado de contaminación; pero muy otra, es permitir el control de una actividad industrial en el interior del territorio nacional y dentro de una propiedad privada, sin lesionar normas jurídicas de alcance nacional e incluso departamental.
¿Qué organismo sería el encargado de efectuar tal control? ¿Quién correría con los gastos que se ocasionen? ¿Cuáles serían los parámetros que debieran tenerse en cuenta para luego producir el dictamen? ¿Quién podrá garantizar sin objeciones, la ecuanimidad de sus informes?
Mientras tanto, la empresa privada que en su momento resolvió realizar una multimillonaria inversión en nuestro país, y cuyo funcionamiento fue habilitado por los organismos competentes de nuestra República, ha preferido mantenerse en silencio.
¿Cuántos gestos más hay que darles a los piqueteros y al gobierno argentino (que otrora los prohijó) para que comprendan la sinrazón de su accionar? ¿Vale la pena afectar la imagen de nuestra República? ¿Hasta cuándo es aceptable ceder? ¿Porqué razón nadie menciona quién y cómo debiera asumir el pago de los daños causados a nuestro país por el piquete en los últimos años? ¿Porqué razón el gobierno argentino de la Presidenta Fernández manifestó que el levantamiento del corte requería una resolución de la Justicia, pero que no reprimiría? ¿Olvida acaso que las decisiones de la Justicia sin el legítimo ejercicio de la Fuerza –que es competencia del Poder Ejecutivo- no causan reales efectos?
Por la dimensión que ha tomado todo este conflicto, de acuerdo con nuestro modesto entender, se tiene la sensación que aquí, se han enfrentado y se siguen enfrentando intereses ocultos, los que por cierto, pretenden llevar aguas a los respectivos molinos de los diversos actores, pero que en verdad, se encuentran muy alejados de la pretendida “defensa del medio ambiente” que, lamentablemente se ha utilizado como pantalla para cautivar solamente a los ingenuos
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