En el Uruguay de hoy, tres problemas
se encuentran al tope de las preocupaciones. Uno es el de la inseguridad, que
ha rebrotado y que es más profundo y de avance más estructural. Los otros son
el de la educación y el de la salud, que en el estado en que se encuentran
ahora, ni con dinero se pueden actualizar y menos solucionar.
En los últimos años, la inseguridad
ha avanzado como una mancha cancerosa sin detenerse. Tiene épocas de
"altas y bajas" en cuanto a su repercusión, pero jamás ha
retrocedido.
En una progresión sistemática, la
población ha tenido que, además de pagar los impuestos para que el estado se la
garantice, contratar sistemas de
seguridad privados, ha tenido que convertir sus casas en fortalezas, seleccionar
el horario de salida de los integrantes de la familia, a efectos de que siempre
uno quede de “guardia”, con el lógico peligro que lo copen y lo asesinen.
Políticamente hablando, eso
significa un repliegue del Estado, que termina cediendo una de sus facultades a
empresas privadas y la estrategia de la protección del derecho a la vida y la
seguridad a la propia población, pues si se espera por el Estado, la seguridad
"de todos" queda confinada a los sectores más peligrosos.
El Gobierno hace tres años que viene
anunciando que está estudiando medidas para combatir la delincuencia, la droga
y la inseguridad , o sea que hace tres años que vienen “chamuyando” (al decir del señor Presidente) sobre el
tema, pero en términos ejecutivos, no se ha visto nada, más bien hemos visto y
vivido el deterioro del sistema.
Los uruguayos somos “inadaptados” en
nuestro propio País, pues no nos adaptamos a vivir con temores, desconfiando
del que se para al lado, nerviosos cuando vamos a pagar una cuenta o a comprar
algo por temor a que asalten el local, etc.
Ahora la senadora Topolansky
comunica que están preparando el “show” de presentación de las nuevas
(¿nuevas?) medidas para combatir la inseguridad, pues las quieren presentar en
un solo paquete para que tengan más efectos sicológicos en la población y se
comprendan en toda su extensión.
Esto nos representa la imagen de los
bomberos, sentados frente a una fábrica incendiándose, estudiando las causas
que motivaron el incendio, mientras el fuego destruye la fábrica.
Lo mismo hace el Gobierno, que hace
tres años que viene estudiando las causas de la inseguridad, mientras la ciudad
es propiedad de los delincuentes y los uruguayos somos asesinados sin piedad y
lo peor es que los crímenes, asaltos, abusos y maltratos, son mucho más
frecuentes en las clases más castigadas de la población.
El problema es generalizado y no hay
zona de Uruguay que escape al fenómeno y es así que vemos con horror como
ciudades del interior donde ni noticias de la inseguridad se tenía, hoy son
sorprendidas por este flagelo tan similar al terrorismo.
Hoy se discute si se puede allanar
en la noche una boca de venta de droga, si el menor debe ser más o menos
castigado, si los presos deben ser
tratados y protegidos con mayores medidas humanitarias que la población que con
sus impuestos los alimentan y los cobijan.
Yo entiendo que el señor Presidente
considere que a estos “nabos” hay que explicarles que no deben ser “nabos”, que
Olesker quiera imponer sus programas comunistas de rehabilitación (en Rusia ,
Olesker ya estaría confinado en Siberia y condenado a trabajos forzoso por
incapaz), pero puede entender el Presidente Mujica que, por encima de su
sabiduría, pueden tomarse medidas alternativas que afecten a los que están
matando a nuestra población.
Y es así, que mientras ellos vuelven a recomponer a las Fuerzas
Conjuntas (Policía y Fuerzas Armadas) , que ellos tanto combatieron en su época
de terroristas, para solucionar el caos de las cárceles y la inseguridad , se
debe actuar de inmediato contra las bocas de venta de drogas, sancionando con
medidas que salgan del Estado e inhabiliten ese comercio (no vivienda), medidas
que se deben coordinar con los Entes quienes les deben cortar de inmediato
todos los servicios que ellos presten, para ser más claro, comprobada la
existencia de una boca de venta, se le debe cortar de inmediato la luz (UTE) ,
el agua (OSE) , el gas , etc., castigando a los que luego de efectuado los
cortes se “cuelguen” de los servicios.
Igual sistema se debe aplicar en los
hogares de los padres de los menores infractores y a los cuales no hay manera
de sancionar, seguramente al sentirse afectados no serán tan condescendientes
con sus hijos infractores.
Señor Presidente ponga en
funcionamiento estas sencillas pero efectivas medidas y verá como algo puede
empezar a cambiar y no siga culpando a la prensa por difundir noticias
policiales……..la Ley Mordaza comienza siempre por una punta.
De algo puede estar seguro Señor
Presidente, el viejo Uruguay de la clase media poderosa, del país "europeo"
que se creía distinto de la América Latina profunda, ha quedado definitivamente
atrás.
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