Inseguridad y muertes violentas

Marcelo GIOSCIA

Las crónicas policiales que toman estado público, han llevado un registro desolador, pues han constatado un promedio de casi dos fallecimientos por día -debido a causas violentas- en la primer semana de este año nuevo.

Así, (sin pretender mencionarlas todas y sólo a modo de ejemplo) al homicidio del pistero de una estación de servicio al despuntar el mes de Enero a manos de un par de asaltantes, le siguió la muerte de dos feriantes (padre e hijo) como resultado de una reyerta ocasionada por el reclamo de presuntos derechos adquiridos en la informalidad de una feria vecinal; la muerte a plena luz del día de un sujeto (conocido en su barrio como vinculado a negocios de droga y lavado de dinero) a manos de sicarios, estremeció a vecinos y a quienes no lo son y trajo a la memoria aquel operativo anti-drogas en el que participara una magistrado hoy procesada. También la confusa muerte a manos de un comerciante (cansado de ser objeto de hurtos y rapiñas) de un sujeto que habría intentado robarlo, no empaña la saña con que perdieran la vida tres integrantes de una misma familia (al parecer ultimados a golpes en sus cabezas en habitaciones distintas de su domicilio) y así, el listado de violencia e inseguridad, parece interminable.

Pero lo que es peor aún, esta crónica de todos los días, que por sí misma resulta escalofriante y conmovedora, termina a la postre anestesiando a la ciudadanía, cansada de este tipo de noticias que, por cotidianas, van acostumbrándola al relato de hechos de esta naturaleza y poco a poco, esa “sensación de inseguridad”, va tomando cuerpo en la pérdida de calidad de vida, en la pérdida de uso de espacios públicos, en suma, en la limitación de la libertad individual, al tener que permanecer atentos en todo momento y por cuenta propia, por la seguridad e integridad personal y por el cuidado y conservación de nuestros bienes.

Es algo que advertimos, se ha ido perdiendo sin estridencias, pero que se percibe cada vez más por el conjunto de la gran mayoría de nuestros habitantes. Se ha perdido calidad de vida, se ha perdido la tranquilidad en nuestros barrios y eso, se traduce en una lesión muy profunda al que entendíamos, era el modo de vida de los uruguayos.

¿No se advierte acaso que, el derecho a la vida y a la seguridad, van de la mano de la defensa de los derechos al honor, a la libertad, al trabajo y a la propiedad? ¿Acaso no se recuerda que son derechos humanos de primera generación, los que estamos viendo se vulneran a diario?

Y la respuesta que recibimos de las autoridades públicas es muchas veces contradictoria, cuando no, claramente ineficaz. Se persiste en intentar probar las causas sociales de los delitos, de la violencia e inseguridad que sufrimos, mientras los hechos se suceden y quienes tienen el poder para enfrentar legalmente estas situaciones, al parecer no alcanzan a aplicar con éxito las políticas de seguridad ciudadana que estos tiempos requieren. Tiempos de mayores recursos financieros y tecnológicos que, sin embargo no producen los resultados que todos esperamos.

Si a esto le sumamos el conflicto por reclamos del propio personal policial, cuya profesionalidad, eficacia y fortaleza institucional debiera estar previamente resuelto y situarse por encima de todo, el panorama resulta ciertamente desolador…¿Hasta cuándo se pretenderá dilatar la aplicación de políticas efectivas?