España, quiérase o no, siempre ha sido un
punto de referencia para Uruguay. Debemos reconocer que lo que allá ocurre, en
mayor o menor medida, es algo que se traslada sobre el océano y se instala en
nuestro país, a partir de las voces más encumbradas de los más disímiles tonos
de la política uruguaya.
El panorama suele ser variopinto, aunque la
lógica, muchas veces, es superada por el interés político de innovar sobre algo
que ya está definitivamente laudado y que no admite otra justificación que la
tomar lo de allá, como la verdad de acá. Ese ha sido un error político cometido
por los unos y los otros del mundillo político uruguayo.
Yendo al tema que pretendo abordar en esta
columna, y sin preámbulos, digo que la mentada descentralización municipalista
uruguaya, aquélla instalada en el país desde la década de los años noventa
cuando Tabaré Vázquez accedió por el voto popular al Palacio de Ladrillo, sede
del Gobierno de Montevideo, ha sido un fracaso absoluto que como ejemplo tiene
las resultancias de su fuente de inspiración, los gobiernos autonómicos y
municipales de España.
Finalizada la época gubernamental del PSOE
con la debacle económica europea, de la que han sido protagonistas principales
los defensores de ese crecimiento de lo local signado hacia lo gubernamental,
se observa a una España donde el 50% de los recursos del Estado se manejan en
el ámbito de las comunidades autonómicas, una especie de asociación de los
Gobiernos Departamentales uruguayos que se integran con Municipios y regiones
que, a lo largo y ancho de toda España, dotaron al usuario de un sistema de
servicios que llegaron al colmo de tener un aeropuerto en comunidades de escasa
población, a la que paradojalmente no llega ni un solo avión.
Ese esquema, trasladado al Uruguay de
nuestros días, ha transformado a los CCZ de Tabaré Vázquez, cada uno con su
Consejo Vecinal, en 8 Municipios en la ciudad capital del país, al que se
agregan otros tanto más en el resto del Uruguay hasta llegar a los 89
Municipios, cada uno con infraestructura funcional propia e independiente y con
un Alcalde como figura central, que votado por el pueblo –no libre ni autónomo-
sino como un funcionario municipal más que dependiendo de su Intendente, puede
hacer y decir algo hasta contrapuesto con el gobierno que integra.
La paradoja política más destacable sobre
este tema, la protagonizó el propio canal de televisión de la Intendencia de
Montevideo (TV CIUDAD), quien en una representación cuasi teatral simuló en una
esquina de la ciudad el debate de tres ciudadanos que se adjudicaban el rol de
ser el más importante en su comunidad: mientras dos debatían quién era más
importante, el tercero con acuerdo de la mayoría, era desplazado porque al
presentarse como Alcalde de la zona pudo ser increpado con un: “¿y a vos quién
te conoce?”.
Y ciertamente, en cualquier ciudad fuera de
Montevideo, como en ella, nadie conoce a su Alcalde; nadie sabe qué reclamarle
y mucho menos para qué lo votaron si su rol se superpone con lo que ya se
conocía en materia de prestaciones de los servicios básicos, que era el del
Intendente de su comunidad.
Hoy se empieza a hablar de “autonomía” en
la gestión de los Municipios, la que parece no ser la misma que las de las
Intendencias; es algo así como querer ver con otra perspectiva el modelo de
recoger la basura, limpiar la ciudad, trazar las líneas de su transporte
público, o hacer funcionar el alumbrado.
Es como si terminar con la guerra de las
patentes, necesariamente deba suponer la obligación gubernamental de tener
primero calles transitables y con mejores servicios, como semáforos y menos
baches. Parece que la gente, el contribuyente, debe obligarse a pagar por un
servicio que no tiene aunque la obligación le haya sido generada por la vía del
decretazo.
Tenemos todos los ciudadanos, y en
particular los del “mundillo” político, la obligación de repensar qué supone
tener 89 Municipios, 19 Gobiernos Departamentales con 19 Juntas
Departamentales, para hacer lo mismo que tiene obligación de hacer cualquier
gobierno que no tenga esta estructura.
Esto del primer, segundo o tercer nivel de
gobierno valdrá para un país o una región con una población creciente difícil
de atender desde las estructuras centrales, no aquí en Uruguay, donde toda su
población no supera a la del barrio La Matanza en Buenos Aires, o a una
“favela” de las tantas que tiene Río de Janeiro, en Brasil.
Si seguimos este tren de democratizar la
democracia con más estructura en vez de con más participación ciudadana, lo que
estaremos haciendo es lo de España, descentralizarlo todo al extremo de tener
un aeropuerto en cada comunidad, aunque sin aviones.
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