Beatriz BUGALLO
Estas dos últimas semanas, marcadas a nivel de la actividad oficial del gobierno actual por la vuelta del presidente a la celebración de los Consejos de Ministros, ha trascendido en diversas oportunidades la voluntad de superar el patético – y “certificado” – nivel de la educación uruguaya.
De por sí es buena noticia. Constatar que la más alta responsabilidad de la gestión del Estado no se engaña ni procura disfrazar la situación y que reconoce que es urgente hacer algo para mejorar, sólo puede considerarse como algo bueno. Es claro que se trata de pronunciamientos un tanto formales: la declaración del presidente sobre la necesidad de cambiar cuestiones “pedagógicas”, la afirmación respecto de que el Poder Ejecutivo se propone llegar “al límite de la ley” para provocar cambios que determinen una mejora en la Educación... Hablan sobre el “poder” del gobierno de la Educación, no sobre la búsqueda de resultados de fondo.
Obviamente las dos medidas que de plano deberían adoptarse para recomponer la situación son “irrealizables” políticamente: por un lado, tendrían que derogar la actual ley de educación que genera centros de decisión con menguado poder real, entregando la gestión formalmente al poder corporativo; por otro lado,tendrían que cambiar los cuadros dirigentes de los Consejos de la Educación, no reiterando nombramientos puramente políticos, sino de personas capacitadas en la gestión de la Educación y con voluntad real de mejorar. Pero no hay voluntad política para ello. El camino, mientras esté el oficialismo actual, deberá ser otro.
¿Qué podrá hacer efectivamente este gobierno cuando la reacción a tales declaraciones por parte de algunos de los consejeros es decir que se vulnera la autonomía? La autonomía de los órganos de la Educación es uno de los argumentos manidos desde siempre por los gremios para considerarse encerrados en un feudo en el que se sienten dueños. Posición históricamente estimulada equivocada e irresponsablemente por la coalición de partidos que hoy nos gobierna...
No se trata de comenzar con medidas sofisticadas, ni planes de desafiante tecnología para enderezar la desviada situación que tenemos. Se trata, entre otras medidas básicas, de sentido común en general, de: que haya todas las horas de clase posibles; que los docentes enseñen con dedicación y sus estudiantes cumplan las tareas, sintiéndose todos estimulados a ello (sea por el resultado personal, sea por incentivos que se instrumenten); que los padres participen del proceso educativo de sus hijos, que lo apoyen desde la familia y en las situaciones deficitarias en aspectos familiares se apoyará desde el centro educativo; que los docentes tengan la mejor formación profesional posible, y que puedan sentirse estimulados para ello. En cuanto a contenidos, hacer hincapié en ciencias, matemáticas, informática, inglés y la formación para el trabajo en general. En fin: en el Programa del Partido Colorado, en el capítulo “1. Educación. La Revolución Imprescindible” hay medidas concretas muy claras que se podrían aplicar, las que fueron reflejados en el tan “olvidado” - por el gobierno - acuerdo interpartidario en materia de Educación del 2010.
Estas medidas que mencionamos como punto de partida (que requieren afinar las decisiones), no son nuevas en nuestro país, ni se busca llegar a una situación totalmente inédita: nos cuentan que hasta hace algo más de treinta años la constante era que había orgullo por trabajar y destacarse en la escuela pública, respeto a los maestros, dedicación a las horas clase... ¿Cómo y cuándo exactamente perdimos el rumbo? Es cierto que hoy la exigencia está también en la universalización y en la capacitación actualizada, pero sin las conductas base no se puede llegar. Y no bastará el propósito de este gobierno si los operadores todos del sistema educativo no comprenden que mejorar la Educación de hoy, es un imperativo del sentir de todo el pueblo uruguayo.
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