El tiempo nos da la razón: la ley, es la única solución

Tabaré VIERAComienza un nuevo año y junto  a los anhelos de venturosas concreciones y la porfiada esperanza de cosas nuevas en la vida de todos y cada uno de los uruguayos, aparecen reiterados tópicos y viejas discusiones,  que aterrizan nuestras conciencias contra la chatura de una realidad, que desalienta y nos hace parecer un país poco serio.

Me refiero al manido tema de la “guerra de las patentes”.

Vergüenza me daría,  hasta ponerme escribir nuevamente sobre el asunto si no fuera que a veces se confirma el profético refrán: “tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe”

Mucho se ha discutido en el Congreso de Intendentes, en el Parlamento, en las Juntas Departamentales. A través de la prensa o en simples ruedas de contribuyentes.

Se han propuesto reiteradas soluciones para un enfrentamiento que popularmente se denominó “guerra de patentes” pero que no es otra cosa que la disputa por captar nuevos contribuyentes por parte de gobiernos departamentales, molestando a los ciudadanos con controles periódicos.

Frente a esta vieja pendencia, se han ensayado diferentes y fracasadas soluciones, empezando por el acuerdo de  valor único nacional. Acuerdo que, como ya lo hemos dicho, nació condenado al fracaso al quedar fuera un departamento, Flores.

UN POCO DE HISTORIA

Al no estar en el acuerdo de patente única, Flores comenzó a cobrar precios considerablemente  más bajos que el resto del país, con el consecuente resultado de una verdadera migración de contribuyentes, originariamente de los departamentos vecinos.

La reacción no tardó y la medida inmediata de quienes se sintieron más perjudicados fue la de bajar sus propios tributos. Tal vez el caso más notorio fue el de Colonia (aunque no el único), la que decidió romper todo concierto y fijar el valor de los nuevos empadronamientos en un cincuenta por ciento menos.

Hasta acá, los defensores del libre mercado, de la competencia que favorece al cliente, pueden decir con razón: ¡bien por los que bajan!, ¡que siga la competencia y bajen en todos los departamentos, comenzando por Montevideo que es uno de los lugares más caros del país!

¿Cómo pueden bajar los valores de sus impuestos Colonia y Flores y no lo pueden hacer otros departamentos? ¿Son más eficientes en sus administraciones? ¿Son más ricos?

La pregunta lógica en ese caso es, ¿por qué no beneficiar a los contribuyentes de una región, con la baja de sus impuestos, si realmente pueden hacerlo?

Pero la cosa no es tan sencilla y como siempre, considero que el punto está en el medio.

HABLANDO CLARO

Lo cierto es que Colonia y Flores y algún otro departamento, pueden bajar radicalmente el valor de las patentes de automotores porque la pérdida de ingresos producida por la rebaja, la recuperan con creces con los contribuyentes que le quitan a otros departamentos y que JAMÁS circulan por allí.

Si fuera un tema de eficiencia en la administración, ¿por qué no rebajan otros tributos departamentales como la contribución inmobiliaria?

Además razonemos, ¿es lógico y justo que en un país pequeño territorialmente como el nuestro, paguemos diferentes valores por un mismo impuesto, cuando la base imponible es la misma?

Por lo tanto, parece totalmente racional que debamos tener una patente única, como ocurre en casi todos los países del mundo. Claro está también, que además deberá tener un valor razonable; esto es igualar, pero no para arriba. Que guarde relación con el valor real de los vehículos.

Una vez que el valor sea el mismo en todos los departamentos ya no habrá guerra, ya no habrá molestias a los ciudadanos. Serán libres, como deben ser, de empadronar en el lugar que deseen.

En ese sentido, también se han ensayado varias soluciones, como nuevos acuerdos en el Congreso de Intendentes,  como el de 2007, en el que allí sí los diecinueve intendentes se comprometieron a empadronar los nuevos vehículos 0 Km. cobrando el 4,5% del valor de la factura sin IVA. Acuerdo también incumplido.

Más, el Parlamento aprobó la ley Nº 18.456, publicada el 26 de enero de 2009 (vigente aún),   la que obliga a empadronar los automotores en el departamento de residencia de sus propietarios, interpretando en su artículo primero que  “la potestad de los Gobiernos Departamentales de decretar y administrar sus recursos (artículo 297 de la Constitución), está limitada geográficamente por los hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción”.

Y habilita la misma ley en su artículo cuarto a que “cualquier Intendencia podrá denunciar o impugnar ante la Justicia competente, las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado”.

Sin dudas esta ley, que tampoco ha sido respetada por varias intendencias, lejos de resolver la guerra, la abona, ya que intenta resolver la cuestión a través de los odiosos controles.

LA SOLUCIÓN

Por lo tanto, reitero lo planteado tantas veces por mí en el seno del propio Congreso de Intendentes: la única solución es la ley.

Proyecto que fue presentado en la legislatura pasada, por la bancada de diputados del Partido Colorado y con el que estamos dialogando con legisladores de otros partidos para llegar a un acuerdo que permita reunir los votos necesarios para su aprobación.

El proyecto  sometería  a consideración de la ciudadanía, en plebiscito constitucional en los comicios de octubre de 2014, una  ley constitucional que modifique  el numeral 1º del artículo 297 de la Constitución de la República, el que quedaría  redactado con una pequeña modificación, dándole a la patente de rodados el mismo estatus que a la contribución inmobiliaria rural :  “… los impuestos sobre la propiedad inmueble rural y vehículos de transporte terrestre, para cualquiera de sus modalidades, serán fijados por el Poder Legislativo, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos.”

Agregando al final del mismo inciso: … “Los beneficios o cualquiera otra forma de deducción a aplicarse sobre el tributo de patente de rodado, no podrán exceder el porcentaje asignado por ley respecto del valor anual del impuesto. El Congreso de Intendentes elaborará los aforos vehiculares y La alícuota fiscal únicos para todo el país, los que tendrán efecto legislativo vinculante”.

De esa manera podremos fijar por ley, sin caer en inconstitucionalidades, una alícuota razonable, el 4,5% del valor de aforo del vehículo por ejemplo, constituyendo el fin de la vergonzosa guerra de las patentes y que el ciudadano sea libre finalmente para circular y empadronar donde quiera, por la razón que sea.