Actuar en defensa propia

Marcelo GIOSCIA CIVITATE

Hemos tomado conocimiento a través de la prensa que, en dos últimos hechos de violencia, protagonizados por jóvenes delincuentes, las víctimas han debido actuar en defensa propia, causando la muerte de sus agresores. El sentimiento de inseguridad de los ciudadanos, ante la inactividad -cuando no la ineficiencia- de los servicios públicos que tienen el deber constitucional de velar entre otros, por el derecho a la seguridad, al trabajo y a la propiedad, ha llevado a proveerse de armas con las que responder en caso de ser agredidos o robados.

Es que, con el recrudecimiento de los delitos contra la propiedad, en los que se actúa con el mayor desprecio por la integridad física de las víctimas, los ciudadanos –cansados de ser objeto de hurtos y rapiñas en varias oportunidades- han optado por armarse (luego o al mismo tiempo de haber dispuesto un sistema de alarmas y rejas con los que protegerse) y defenderse a sí mismos, a sus familias y a sus bienes.

Felizmente, los jueces que han intervenido, han actuado en cada caso con ecuanimidad y prudencia a la hora de evaluar las conductas de cada quien, aplicando el derecho vigente para este tipo de situaciones.

Claro que, poco se sabe de las consecuencias post-traumáticas que han de plantearse en las personas que debieron salir en defensa de sí mismos o de sus familias y menos, cuál es el grado de compromiso emocional en quienes cargarán en sus espaldas y hacia el futuro, el haber sido protagonistas de un hecho de esta naturaleza. Tampoco se conocen los costos que los tratamientos insumen y si el Estado los ha asumido al poder ser responsabilizado por omisión, según los casos.

Pero cierto es, la lamentable realidad que comentamos y ocurre, no en otro país, sino en la sociedad de la que formamos parte, donde los sistemas de seguridad pública evidencian carecer de los medios para poner freno a este tipo de situaciones (pese a lo que se han invertido varios millones de dólares en tecnologías de vigilancia por video cámaras, que aún no están operativas o en los sistemas de respuesta del 911 que al parecer no han contado con los técnicos capacitados para ponerlos en funcionamiento) y a estar por las expresiones del Senador Fernández Huidobro, nos acercamos a “los tiempos del Lejano Oeste”.

Y no es desatinada la preocupación manifestada por el Senador.

Porque existen zonas de Montevideo que son en verdad, “tierra de nadie”, que de solo nombrarlas se llega a pensar en lo peor, llegándose incluso a estigmatizar a quienes residen en esos lugares. También el flagelo de la distribución y venta de drogas (con la paulatina incidencia en el entramado social de los barrios marginales) es un fenómeno a tener especialmente en cuenta cuando se trate de abordar el combate frontal a la delincuencia y sus ramificaciones.

Estamos presenciando no sólo una fractura social, sino más que comprensibles reacciones de defensa propia ante situaciones-límite. Pero, otra cosa resulta preocupante y es el deterioro evidente de la institucionalidad, en la medida que la ciudadanía no se siente respaldada por las fuerzas del orden y reconoce sentirse más segura contando con un arma para defenderse por su cuenta y a su riesgo.

Y esta, es una comprobación no sólo lamentable, sino a la vez, peligrosa.