Delegados presidenciales

Por Marcelo Gioscia

Según ha trascendido, las normas que disponen la institucionalización de “delegados presidenciales” en cada departamento en que constitucionalmente se divide nuestra República y que implica la creación de estos nuevos cargos de confianza, en el elenco de la burocracia estatal, serán incluídas en las normas de la Ley de Presupuesto Quinquenal a remitirse al Parlamento en los próximos días. Equivocada decisión que por cierto, no sólo resultará onerosa para los contribuyentes, sino que nos aleja de los principios republicanos y democráticos, tan caros a nuestra forma de ser.

No obstante y ajenos a las críticas de la oposición, los representantes del Poder Ejecutivo desde el propio Presidente de la República a sus acólitos en otros puestos del Estado, han buscado minimizar la trascendencia e importancia de la discusión del tema. Como si se tratara de naderías, cuando la motivación política de lo decidido rompe los ojos a quien quiera prestar algo de atención.

Como si no fuera suficiente la estructura institucional que existe en nuestro país y que regula el funcionamiento del Estado y de los Municipios en todo el territorio nacional, (que fuera incrementada recientemente con la implementación de las alcaldías) el Poder Ejecutivo pretende además, la creación de estos cargos, argumentando en resumen que facilitarán las vinculaciones entre los Departamentos y el Estado Central ¡cómo si no existieran ya los canales para que esas vinculaciones resulten efectivas!

¿Es ésta pretensión acaso, una muestra de descentralización?

Parece desconocerse la existencia de las autoridades electas por la ciudadanía de cada circunscripción territorial de cada Departamento, al disponer la actuación de este tipo de comisarios que, en los hechos menoscabarán la figura del Intendente Departamental y de las demás autoridades locales y lo que es aún mas grave: nos retrotraen a la época colonial, donde algunos funcionarios de la más estricta confianza del máximo jerarca, cumplían la función de ser los “ojos y oídos del rey” y sólo a él reportaban, mientras llevaban el agua para su molino.

¿Es ésta tal vez, la forma en que se busca reformar al Estado?

¿Qué se pretende en puridad? Parece desconocerse que los Intendentes a través del órgano constitucionalmente previsto que integran (Congreso Nacional de Intendentes) son los responsables de coordinar las políticas departamentales y suscribir convenios con el gobierno central (a través de los ministerios correspondientes a cada área del gobierno del Estado). ¿Piensa acaso desconocerse tal atribución? ¿Pretende olvidarse quizás que, son las autoridades locales las que en nuestro sistema de representación proporcional integral tienen la obligación de trasmitir y ser el eco, de las inquietudes de la ciudadanía, en pos del bien común?

La creación de estos cargos, huele más a una enmascarada intromisión -que resulta afrentosa a las autoridades legítimas de cada Departamento- que busca centralizar aún más los hilos del poder, en desmedro de las autoridades locales y por ello, debiera rechazarse con la firmeza que lo han hecho ya algunos Intendentes conocedores de sus prerrogativas y facultades.

¿No se advierte el peligro que para las instituciones republicanas de nuestro Estado de Derecho conlleva esta iniciativa?