Los Gobiernos Locales Autónomos en un país de primera

Por César García Acosta

El Uruguay es un país que ha vivido profundos procesos de desencuentros en su institucionalidad y no solamente por los quiebres de gobierno que se dieron en las dictaduras del siglo pasado.

El país inició el siglo veinte con una propuesta hecha ley que consagraba los Gobiernos Locales Autónomos, de modo de dar fuerza viva a los departamentos y sus jefaturas políticas. Años más tarde, después de la lucha contra el colegiado prevaleció el temperamento centralista sobre el poder gubernamental y retornamos a los poderes ejecutivos con presidentes que eran casi reyes.

La culpa, lo hemos visto todos en las distintas épocas del país, cuando de ineficiencia, exceso de burocracia y afectación de los dineros públicos se trata, inexorablemente termina en un proceso reformista que pretende terminar con privilegios, reducir derechos adquiridos, y hasta enfrentar a funcionarios públicos y aportantes al fisco (algo así como a justos y a pecadores), al dilema de tener que elegir entre el país del asado o los ravioles del domingo, o el guiso y la televisión en blanco y negro.

Algo parecido viene sucediendo por estos días a nivel de los Gobiernos Departamentales de todo el país: el jueves pasado, hace una semana, se terminaron de negociar los fondos que el Gobierno Nacional tiene la obligación de ceder a las Intendencias por el derecho que les corresponde en la participación de los impuestos nacionales.

En buen romance la Constitución le asigna al Gobierno de Mujica el derecho a negociar la alícuota o porcentaje de lo que deberá transferirse a los Gobiernos Departamentales. Y esa negociación, a todas luces, va más allá del simple cálculo numérico para pasar en la práctica a un esquema de condicionamientos de gestión, del que no son ajenos las arbitrariedades de las empresas públicas, como las que practica UTE, en razón de sus competencias sobre el alumbrado público, que termina actuando como un disparador respecto a estos fondos que en buena medida se transforman en la “caja” de la que el Gobierno se vale para que UTE y otros se cobren lo que se les debe.

¿Pero qué sucede cuando quien debe es el Gobierno Nacional? Nada. El Gobierno no paga, negocia y aplica el criterio de la autoridad suficiente que ostenta por el manejo de los grandes números con los que se nutre el Estado.

Así de sencillo es el asunto: el Gobierno Nacional no reconoce el denominado “gasto público social” que fue estimado por técnicos de la Intendencia de Montevideo (frenteamplista) y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (frenteamplista) en un 30% del presupuesto anual de cada Intendencia. Es decir, que de cada 100 pesos que la Intendencia tiene, 30 van para obras y servicios que no son de su competencia sino del Gobierno Nacional.

Y qué argumento el Gobierno sobre esto; simple. No estamos de acuerdo con ese criterio y por lo tanto no hablaremos a base de él para la determinación de fondos. Ante esto solo surge una composición de lugar: a quién le corresponde la salud departamental, a quién el y transporte de niños y maestros a las escuelas rurales, a quién le cabe tener en funcionamiento una ambulancia, quién tiene la obligación primaria sobre las actividades culturales, quién tiene que construir viviendas y atender el saneamiento…

La respuesta es clara, pero quizá sigamos en los principios del siglo XX cuando creamos Gobiernos Locales Autónomos, al estilo de las Alcaldías de hoy, sin presupuesto ni potestades claramente definidas.

Y algo más, considérese que el Gobierno de Mujica para cada Alcaldía otorgó 40 pesos por mes para que se paguen sueldos, se ponga en funcionamiento la maquinaria, se paguen los servicios públicos y se gestionen las necesidades satisfechas de una población alejada de los centros de poder.

Este no es un buen estilo para el país de primera que profesaa el Frente Amplio desde la oposición.